Interpol retira circular roja contra exdirector de Dapre por caso de corrupción en la UNGRD
La Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, ha dejado sin efecto la circular roja que pesaba sobre Carlos Ramón González, quien se desempeñó como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Esta medida se enmarca dentro de la investigación por el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad crucial para la atención de emergencias en Colombia.
Decisión unilateral y notificación oficial
La decisión fue adoptada de manera unilateral por el organismo internacional desde su sede central en Lyon, Francia, y fue notificada formalmente a las autoridades colombianas el pasado 2 de abril. Con esta determinación, se levanta la orden de captura internacional que impedía la movilización del exfuncionario, quien actualmente reside en Nicaragua bajo asilo político desde hace aproximadamente dos años.
Según explicó Interpol, la retirada de la circular roja responde a restricciones en la información suministrada en la solicitud inicial presentada por Colombia. La entidad internacional señaló que parte del contenido fue considerado reservado con el objetivo de proteger los derechos y libertades del solicitante, lo que finalmente impidió mantener activa la notificación roja.
Nueva oportunidad para la Fiscalía colombiana
No obstante, Interpol dejó abierta la posibilidad de que el Estado colombiano presente una nueva solicitud, siempre y cuando se aporten elementos materiales probatorios adicionales o información relevante sobre hechos nuevos que no hayan sido analizados previamente. En respuesta a esta apertura, la Fiscalía General de la Nación ya ha reactivado el trámite y radicó una nueva solicitud ante la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) para emitir otra circular roja.
En esta ocasión, la petición está sustentada específicamente en el delito de lavado de activos y se encuentra actualmente en evaluación por parte de las autoridades competentes. Este movimiento demuestra la persistencia de la Fiscalía en su intento por llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el caso.
Acusaciones y testimonios clave
Carlos Ramón González fue formalmente acusado el pasado 29 de enero ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de:
- Cohecho por dar u ofrecer
- Peculado por apropiación en favor de terceros
- Lavado de activos
Para la Fiscalía, el exfuncionario sería uno de los principales articuladores del presunto desfalco millonario a la UNGRD. La investigación se sustenta, en gran medida, en los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD que decidieron colaborar con la justicia mediante acuerdos de colaboración.
Ambos testigos han señalado que desde el entorno de González se habrían dado instrucciones para la entrega de dádivas a congresistas con el fin de facilitar el trámite de iniciativas del Gobierno en el Congreso. Uno de los episodios más reveladores del caso se remonta a septiembre de 2023, cuando, según el testimonio de López, se habría definido la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, para destrabar reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Asimismo, se menciona un pago adicional de 1.000 millones de pesos al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. En el expediente también figura Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien, de acuerdo con estas declaraciones, habría sido la encargada de ejecutar las entregas de dinero en efectivo.
Investigaciones en curso y negativas del acusado
Tanto Andrés Calle como Sandra Ortiz son actualmente investigados por su presunta participación en esta red de corrupción que ha conmocionado al país. Aunque Carlos Ramón González ha negado categóricamente todos los señalamientos ante la Corte Suprema, la Fiscalía continúa recopilando pruebas y testimonios para establecer su eventual responsabilidad en el caso.
Mientras tanto, avanza el proceso administrativo y legal para reactivar la búsqueda del exfuncionario a nivel internacional, demostrando la complejidad y las dimensiones transnacionales que pueden adquirir los casos de corrupción de alta envergadura en Colombia.
