Interpol retira circular roja contra exdirector de Dapre, pero Fiscalía insiste en su captura
Interpol retira circular roja contra exdirector de Dapre

Interpol retira circular roja contra exdirector de Dapre por corrupción en la Ungrd

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha dejado sin efecto la circular roja emitida contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien enfrenta un proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esta decisión, adoptada unilateralmente desde la sede en Lyon (Francia) y notificada el jueves 2 de abril, levanta la orden de captura internacional, permitiendo al exfuncionario movilizarse fuera de Nicaragua, donde permanece prófugo de la justicia colombiana desde hace dos años.

Motivos de la retirada y nueva solicitud de la Fiscalía

Según explicó Interpol, la medida obedece a restricciones en la información suministrada en la solicitud inicial de Colombia. El organismo señaló que "la comisión determinó la existencia de información restringida en relación con la solicitud, observando que se había considerado restringida para proteger los derechos y las libertades del solicitante". No obstante, Interpol dejó abierta la posibilidad de que el Estado colombiano insista en la activación del mecanismo, siempre que se aporten elementos probatorios nuevos o información relevante no estudiada en el proceso actual.

En respuesta, la Fiscalía General de la Nación ya reactivó el trámite y presentó una nueva solicitud ante la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) para emitir otra circular roja, esta vez sustentada en el delito de lavado de activos. La petición fue radicada el 2 de abril y se encuentra en evaluación de las autoridades competentes, lo que refleja la determinación de las entidades colombianas en perseguir este caso.

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Antecedentes del caso y acusaciones contra González

Carlos Ramón González, quien fue acusado el 29 de enero ante la Corte Suprema por delitos como cohecho, peculado y lavado de activos, es considerado por la Fiscalía como uno de los presuntos responsables del entramado de corrupción en la Ungrd. Anteriormente, se desempeñó como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y fue una figura cercana al presidente Gustavo Petro, lo que añade relevancia política a este escándalo.

La investigación se basa en testimonios clave de otros implicados, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd que colaboran con la justicia tras negociar beneficios jurídicos. Según sus declaraciones, desde el entorno de González se habrían dado instrucciones para entregar dádivas a congresistas, con el objetivo de facilitar el avance de iniciativas gubernamentales en el Congreso.

  • En septiembre de 2023, según López, se habría realizado una reunión donde se definió el pago de sobornos, incluyendo COP 3.000 millones a Iván Name, entonces presidente del Senado, para destrabar reformas como la pensional y la de salud.
  • El caso se ha ampliado a otras figuras, como Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, capturado el 7 de mayo de 2025, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien permanece privada de la libertad en Bogotá.
  • Según testimonios, Ortiz habría ejecutado las órdenes, entregando fondos a Name y gestionando un pago adicional a Calle, aunque González ha negado estas acusaciones ante la Corte Suprema.

Implicaciones y contexto actual

La circular roja de Interpol había sido una herramienta crucial para ubicar a González en el exterior y facilitar su captura, con el fin de que regresara a Colombia para enfrentar la justicia. Su retiro temporal representa un revés para las autoridades, pero la insistencia de la Fiscalía en presentar una nueva solicitud demuestra la continuidad de las investigaciones. Este caso subraya los desafíos en la lucha contra la corrupción en Colombia, especialmente en entidades clave como la Ungrd, y resalta la importancia de la cooperación internacional en procesos judiciales de alto perfil.

Mientras tanto, González permanece en Nicaragua bajo asilo político, y las autoridades colombianas continúan recopilando pruebas para establecer su responsabilidad en este entramado, que ha sacudido la confianza pública en las instituciones.

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