Contraloría de Santander revela graves irregularidades en contratos de la UIS con Juliana Guerrero
La Contraloría General de Santander ha publicado un informe contundente donde identifica múltiples irregularidades en dos contratos suscritos entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y Juliana Guerrero durante los años 2023 y 2024. Este hallazgo se suma a los numerosos cuestionamientos que enfrenta la funcionaria, incluyendo la imputación de cargos por presunta falsedad en títulos académicos.
Los contratos bajo la lupa
Los acuerdos investigados, identificados como el 306-2023 y el 113-2024, formaban parte de un convenio interadministrativo entre la UIS y el Ministerio del Interior. Su objetivo declarado era brindar apoyo técnico y operativo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, un programa orientado al fortalecimiento de la convivencia ciudadana y la prevención de conflictos sociales.
Tras una auditoría minuciosa, el ente de control fiscal encontró deficiencias significativas en varias etapas críticas:
- Planeación inadecuada de los procesos contractuales
- Ejecución con graves falencias de supervisión
- Documentación incompleta que impide verificar el cumplimiento total
Hasta el momento, ni la Universidad Industrial de Santander ni Juliana Guerrero han emitido un pronunciamiento oficial respecto al contenido del informe de la Contraloría.
Irregularidades específicas detectadas
Entre las fallas más graves identificadas por los auditores se destacan:
Deficiencias en la definición del perfil requerido: La Contraloría advirtió que en el proceso de contratación se utilizaron términos que podrían haber favorecido específicamente a Juliana Guerrero. Se empleó la expresión "persona natural y/o profesional", calificada por los auditores como ambigua y poco precisa respecto a las competencias técnicas necesarias para el cargo.
El informe señala textualmente: "Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control 'UIS' y publicado en la plataforma transaccional SECOP II, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas".
Insuficiente supervisión y falta de documentación: El ente de control advierte sobre la supervisión deficiente de la ejecución contractual y la ausencia de documentación completa que permita verificar el cumplimiento total de las obligaciones. No existirían evidencias claras que demuestren que Guerrero haya cumplido con las actividades tal como se estipularon originalmente.
Aunque los supervisores Luis Eugenio Prada y Diego Fernando Jaimes certificaron el cumplimiento de actividades, la auditoría no encontró los entregables o soportes específicos que el contrato exigía explícitamente. Incluso se indica que los informes presentados por Guerrero fueron demasiado generales, sin especificar las tareas realizadas puntualmente.
Hallazgos y responsabilidades
Como resultado de la investigación, la Contraloría estableció:
- Cinco hallazgos administrativos
- Dos hallazgos disciplinarios
- Un hallazgo fiscal por un valor total de $2.000.000
Este monto se distribuye en $1.500.000 para el contrato 306-2023 y $500.000 para el 113-2024. Los presuntos responsables incluyen tanto a los supervisores como a la contratista Juliana Guerrero. Estos hallazgos fueron dirigidos a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo en la UIS, con el objetivo de implementar planes de mejoramiento institucional.
Contexto de polémicas acumuladas
Este informe se suma a la creciente lista de controversias que rodean a Juliana Guerrero, quien ha enfrentado múltiples cuestionamientos relacionados con su trayectoria profesional y académica. Su figura se ha convertido en uno de los casos más mediáticos vinculados al gobierno de Gustavo Petro.
La polémica comenzó en 2025 cuando Guerrero fue designada como candidata a viceministra de Juventud en el Ministerio de la Igualdad. Esta nominación desató denuncias lideradas por la congresista Jennifer Pedraza, quien cuestionó la validez de sus títulos académicos obtenidos en la Fundación Universitaria San José.
Las investigaciones revelaron que Guerrero posiblemente no presentó el examen Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse, antes de recibir sus diplomas. Además, se descubrieron pagos de matrícula y derechos de grado realizados después de la supuesta fecha de graduación, generando acusaciones de irregularidades graves en la expedición de títulos.
En febrero de 2026, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Juliana Guerrero y al exsecretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez, por delitos como fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El ente acusador solicitó prisión domiciliaria como medida de aseguramiento, argumentando riesgo de obstrucción a la justicia.
Paralelamente, han surgido más cuestionamientos sobre otros episodios que han alimentado la controversia, incluyendo denuncias sobre el uso de recursos públicos en viajes con helicópteros y aeronaves de la Policía, así como su designación en cargos como el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, a pesar de los procesos judiciales en curso.
La Contraloría de Santander ha enfatizado la importancia de fortalecer los mecanismos de control en la contratación pública para garantizar transparencia y el adecuado uso de los recursos estatales, especialmente en casos que involucran a funcionarios con múltiples cuestionamientos pendientes.
