Exministro de Hacienda recupera libertad en medio del escándalo de la Ungrd
El Tribunal Superior de Bogotá ha emitido una decisión judicial que ordena la libertad inmediata del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien estaba siendo investigado por su presunta participación en la red de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La medida se tomó debido al vencimiento de los términos procesales establecidos para la presentación de la acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Críticas a la gestión de la Fiscalía y acusaciones de politización
Tras conocerse el fallo, el abogado defensor de Bonilla, Alejandro Carranza, no dudó en expresar su descontento con el manejo del caso. En declaraciones a medios de comunicación, Carranza señaló que la Fiscalía "dejó abierta una ventana judicial" al no cumplir con los plazos establecidos. Según su explicación, el ente investigador contaba con 120 días a partir del 1 de diciembre para radicar el escrito de acusación, plazo que, en casos de delitos contra la administración pública, puede extenderse hasta 240 días.
"La Fiscalía tenía 120 días para radicar el escrito de acusación contado desde el primero de diciembre... Fue una pequeña ventana en la que se abrió ese espacio y por eso la magistrada ordenó la libertad", afirmó el letrado. Además, Carranza acusó a la Fiscalía de utilizar el proceso judicial con fines políticos, especialmente en un contexto electoral, argumentando que se busca "criminalizar las funciones de un ministro para tejer una historia que sirva en época de elecciones y atacar la reforma laboral".
Detalles de la imputación y montos involucrados
La imputación formal contra Ricardo Bonilla se llevó a cabo el 1 de diciembre de 2025, junto con el exministro Luis Fernando Velasco. Según la Fiscalía, ambos habrían estado involucrados en la manipulación de contratos por un valor total que supera los COP 612.000 millones. Esta cifra se desglosa en 74 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías) por COP 571.000 millones y cinco proyectos adicionales en la Ungrd por más de COP 40.000 millones.
Los contratos, según las investigaciones, estaban dirigidos a beneficiar a congresistas de diversas comisiones del Senado y la Cámara de Representantes, incluyendo la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CIPC). Entre los legisladores mencionados se encuentran Liliana Esther Bitar del Partido Conservador Colombiano, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo del Partido Liberal Colombiano, y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera de la Alianza Verde.
Reacciones y próximos pasos en el proceso
Inmediatamente después de que el Tribunal Superior de Bogotá emitiera su decisión, la Fiscalía, las víctimas, la Contraloría General y el Instituto Nacional de Vías presentaron recursos de apelación. No obstante, la libertad de Bonilla se mantiene mientras se resuelven estos recursos.
El abogado Carranza ha asegurado que su cliente, a pesar de estar libre, enfrentará el juicio y que cuentan con pruebas suficientes para desvirtuar las acusaciones. "Nosotros también tenemos evidencias... para poder decir y señalar con toda la claridad que las actividades de un ministro no se pueden criminalizar", declaró.
Por otro lado, en un giro reciente del caso, la Fiscalía ordenó la captura inmediata del congresista Wadith Manzur del Partido Conservador y de la congresista Karen Manrique de las curules de paz, quienes ya se encuentran privados de la libertad. Este movimiento refleja la complejidad y la extensión de las investigaciones alrededor del escándalo de la Ungrd.
Contexto del caso y perspectivas futuras
El caso de la Ungrd ha sacudido la escena política colombiana, exponiendo presuntas irregularidades en la asignación de contratos públicos. La liberación de Bonilla por vencimiento de términos no significa el fin de su proceso judicial, pero sí marca un punto crucial en la defensa de sus derechos procesales.
Mientras tanto, la defensa del exministro insiste en que se trata de una red de mentiras tejida por testigos de la Fiscalía para favorecer a otros involucrados. El desarrollo de este caso continuará bajo la atenta mirada de la opinión pública, especialmente en un año electoral donde la transparencia y la lucha contra la corrupción son temas centrales en el debate nacional.
