Proceso judicial avanza contra exministro Álvaro Leyva por caso de pasaportes
La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso crucial en el caso que involucra al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, al radicar formalmente el escrito de acusación en su contra por el delito de prevaricato por acción. Esta acción judicial se deriva de las presuntas irregularidades en la licitación para la fabricación de pasaportes en Colombia, un contrato que alcanza un valor aproximado de 600.000 millones de pesos.
Audiencia clave programada para finales de abril
La audiencia de formulación de acusación ha sido calendarizada para el jueves 23 de abril a las 3:00 p.m., donde la magistrada Blanca Barreto, de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, será la encargada de evaluar las pruebas presentadas por el ente acusador. Este proceso sigue a la imputación de cargos realizada en diciembre de 2025, marcando un avance significativo en la investigación penal.
Orígenes del caso y decisiones controvertidas
El escándalo se remonta a septiembre de 2023, cuando Leyva, en su rol como canciller, tomó la decisión de declarar desierta la licitación de pasaportes. En aquel momento, la unión temporal liderada por la firma Thomas Greg & Sons había obtenido el mayor puntaje y cumplía con todos los requisitos legales para la adjudicación. Según la Fiscalía, esta determinación administrativa habría sido contraria al ordenamiento jurídico vigente.
Las consecuencias de esta acción no se hicieron esperar:
- Desató una crisis institucional en el país.
- Generó una demanda millonaria contra el Estado por 117.000 millones de pesos tras una conciliación fallida.
- La Procuraduría General ya sancionó a Álvaro Leyva con una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos en un juicio disciplinario marcado por la polémica.
Próximas etapas y lo que está en juego
Con la radicación de este escrito de acusación, el proceso penal avanza hacia la etapa de juicio, donde se determinará de manera definitiva si el actuar de Leyva constituyó una decisión soberana de su gestión ministerial o si, por el contrario, incurrió en un acto de corrupción administrativa que afectó gravemente las finanzas públicas y la seguridad documental de Colombia.
Este caso representa uno de los escándalos de contratación más significativos de los últimos años, poniendo bajo el microscopio las prácticas de licitación en entidades estatales y generando un amplio debate sobre la transparencia en la administración pública.
