Escándalo UNGRD: Wadith Manzur tiene 47 propiedades y patrimonio en aumento mientras espera juicio
Manzur tiene 47 propiedades en escándalo UNGRD

El patrimonio en aumento de los congresistas investigados por el escándalo de la UNGRD

Mientras la Corte Suprema de Justicia discute si enviará a juicio a seis congresistas implicados en el carrusel de contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las declaraciones de renta revelan patrimonios en constante crecimiento, con Wadith Manzur liderando la lista con 47 propiedades registradas a su nombre.

Wadith Manzur: 47 propiedades y un patrimonio que creció 59%

El representante a la Cámara por Córdoba del Partido Conservador y actual candidato al Senado, Wadith Manzur, presenta el caso más llamativo. Según registros de la Superintendencia de Notariado y Registro, aparecen 47 propiedades a su nombre, 37 de ellas ubicadas en Cereté, Córdoba, aunque sin dirección específica registrada.

Su patrimonio líquido experimentó un incremento del 59,11 por ciento entre 2021 y 2023, pasando de 2.010 millones de pesos a 3.198 millones de pesos. Este crecimiento supera ampliamente los aumentos salariales aprobados para congresistas durante ese periodo.

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En su declaración de renta de 2023, Manzur reportó un patrimonio líquido de 3.198'570.000 pesos, mientras que en 2021 había declarado 2.010'317.000 pesos. El aumento de 1.188 millones de pesos en solo tres años coincide con el periodo en que habría participado en el esquema de corrupción de la UNGRD.

Detalles del patrimonio de Manzur

Las declaraciones de conflicto de interés revelan información adicional:

  • 2021: Reportó ingresos, bienes y acreencias por 1.948 millones de pesos, con ocho bienes patrimoniales valuados en 1.130 millones de pesos.
  • 2022: Los bienes aumentaron a once, con un valor total de 2.897 millones de pesos.
  • 2023: Mantuvo once bienes pero con valor incrementado a 3.055 millones de pesos.
  • 2024: Alcanzó trece bienes patrimoniales valuados en 4.384 millones de pesos.

Manzur también declaró ser socio de Manzur Imbett Sociedad en Comandita Simple y propietario de actividades agropecuarias, aunque señaló posibles conflictos de interés relacionados con el sector ganadero y agrícola.

Los otros congresistas investigados

La investigación judicial también involucra a otros cinco políticos:

Karen Manrique: La representante por la circunscripción especial para la paz vio su patrimonio líquido aumentar de 67 millones de pesos en 2020 a 140 millones en 2021. En sus declaraciones mencionó a su entonces compañero Gustavo González Ruíz, quien según testimonios estaría implicado en el carrusel de contratación.

Julián Peinado: El representante por Antioquia del Partido Liberal incrementó su patrimonio líquido de 734 millones de pesos en 2021 a 1.460 millones en 2023. Registra tres propiedades en Medellín y Bogotá.

Liliana Bitar: La senadora conservadora aumentó su patrimonio líquido de 2.505 millones de pesos en 2022 a 3.095 millones en 2024. Tiene cuatro propiedades registradas y participaciones en empresas como Ecopetrol y Grupo Aval.

Juan Diego Muñoz: El excongresista del Partido Verde declaró en 2022 un patrimonio bruto de 2.906 millones de pesos. Registra seis propiedades, principalmente en el Meta y Guaviare.

Juan Pablo Gallo: Del senador liberal no se encontraron declaraciones de renta, conflicto de interés o propiedades registradas.

Contexto judicial y político

El magistrado Misael Rodríguez de la Corte Suprema de Justicia presentó una ponencia que podría llevar a estos seis congresistas a juicio por su presunta participación en el esquema de corrupción de la UNGRD. Según investigaciones, habrían facilitado adjudicaciones con recursos públicos a cambio de apoyo a reformas del gobierno Petro.

La decisión judicial llega en un momento crucial, justo antes de las elecciones legislativas del 8 de marzo, donde varios de los investigados buscan cargos de elección popular. Manzur aspira al Senado, mientras Manrique busca la reelección en la curul de paz.

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El caso UNGRD se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual gobierno, revelando complejas redes de contratación que habrían desviado recursos destinados a la gestión de riesgos y desastres naturales.