Traslado de legisladores a centros penitenciarios marca nuevo capítulo en caso de corrupción
En cumplimiento de la medida de detención preventiva ordenada por la Corte Suprema de Justicia, el senador Wadith Manzur y la representante Karen Manrique fueron trasladados este martes desde el búnker de la Fiscalía hacia sus respectivos centros de reclusión, materializando así una decisión judicial que ha generado amplio debate político.
Ejecución del Inpec tras solicitud judicial
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ejecutó la remisión de los dos congresistas luego de que el magistrado de la Sala Especial de Instrucción, Misael Rodríguez, solicitara a la dirección de la entidad acelerar los trámites administrativos necesarios. El objetivo era definir con precisión los lugares de reclusión y garantizar el cumplimiento efectivo del traslado, según confirmaron fuentes cercanas al proceso.
Destinos diferentes para los legisladores
El senador conservador Wadith Manzur fue asignado a una estación adscrita al complejo de La Picota que funciona en la Escuela de Carabineros. Este mismo lugar alberga actualmente a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, quien también está vinculada al caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Por su parte, la representante araucana Karen Manrique fue enviada al pabellón 9 del centro penitenciario femenino El Buen Pastor, donde ya se realizó su reseña formal de ingreso al sistema penitenciario colombiano.
Los cargos que pesan sobre los legisladores
Ambos políticos están siendo investigados por presuntamente negociar sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) a cambio de millonarios contratos con la Ungrd. La decisión de privarlos de la libertad fue adoptada el pasado 11 de marzo, cuando la mayoría de la Sala Especial de Instrucción determinó que habían empeñado su función legislativa, según los argumentos presentados por la Fiscalía.
Contexto del caso y próximos pasos
Este traslado marca un punto de inflexión en uno de los casos de corrupción más sonados de los últimos tiempos, que involucra a múltiples actores políticos y ha generado tensiones al interior de la coalición de gobierno. Las investigaciones continúan avanzando mientras los defensores de los legisladores preparan sus estrategias legales para enfrentar los cargos.
El caso Ungrd ha expuesto las vulnerabilidades en los mecanismos de control de la contratación estatal y ha renovado el debate sobre la necesidad de reformas profundas en el sistema político colombiano para prevenir este tipo de conductas en el futuro.
