Mincultura defiende contratos de familiares de ministra Kadamani en gobierno Petro
La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Yannai Kadamani Fonrodona, ha salido al paso de las denuncias sobre contratos estatales otorgados a su madre y hermano en diversas entidades del gobierno del presidente Gustavo Petro. A través de un comunicado oficial, la cartera cultural defendió los procesos, argumentando que sus familiares "tienen derecho a trabajar y ejercer su profesión" como cualquier ciudadano colombiano.
Los contratos familiares bajo la lupa
La polémica se desató cuando se reveló que Salim Kadamani, hermano de la ministra y diseñador de profesión, firmó dos contratos con el Estado justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. El primero fue suscrito el 24 de enero con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), y el segundo el 30 de enero con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Posteriormente, la congresista Jennifer Pedraza denunció que Alexandra Fonrodona, madre de la ministra Kadamani, recibió en enero tres contratos por un valor total de 313 millones de pesos en diferentes entidades estatales:
- Un contrato por más de 126 millones de pesos con la Superintendencia de Salud para prestar servicios profesionales en la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional.
- Un contrato por más de 70 millones de pesos con el Ministerio del Interior para prestar servicios profesionales en la dirección de asuntos religiosos.
- Un contrato de 116 millones de pesos con el Ministerio de Salud para brindar asistencia técnica en la implementación de estrategias de comunicación.
La defensa oficial de Mincultura
Ante el cuestionamiento de EL TIEMPO, el Ministerio de Cultura respondió mediante un comunicado donde la ministra Kadamani aseguró que "no ha intervenido ni incidido en ningún proceso de contratación" en el que hayan participado sus familiares. La funcionaria explicó que las inhabilidades por parentesco solo se configuran cuando existe relación directa con la entidad sobre la cual el servidor público ejerce autoridad, situación que según ella no se presenta en estos casos.
"Son profesionales que como cualquier ciudadano colombiano tienen derecho a ejercer su profesión", afirmó la ministra en el documento oficial. Además, destacó que las declaraciones de parentesco de sus familiares fueron realizadas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), cuyos registros son de carácter público.
El contexto de las denuncias
Estas revelaciones se suman a una serie de investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratación dentro del gobierno Petro. La congresista Pedraza ha sido una de las voces más críticas, señalando posibles casos de nepotismo en altas esferas del ejecutivo.
La ministra Kadamani cerró su defensa argumentando que "las insinuaciones de alguna irregularidad carecen de fundamento jurídico" y que desconocen el derecho al trabajo y al ejercicio profesional garantizado por la Constitución colombiana. El caso continúa generando debate sobre los límites de la contratación familiar en la administración pública y la aplicación de la Ley de Garantías en procesos de selección estatal.
