Colombia se ubica como el único país de toda Latinoamérica del que se tienen registros de casos de mutilación genital femenina, sumándose a la lista de los 30 países en el mundo en los que sigue vigente. Esta práctica, que afecta principalmente a niñas indígenas de las comunidades Emberá y Nasa, ha sido invisibilizada durante décadas por falta de protocolos y leyes claras.
El caso que destapó la realidad
En 2012, el médico forense Leonardo Quintero se enfrentó a un caso de mutilación genital femenina en una bebé de 15 días que falleció por choque hipovolémico. En ese momento, no existía ningún protocolo en Colombia para abordar esta práctica. "Ninguna institución sabía qué hacer al respecto. No teníamos protocolo ni guías. No había una ley que nos dijera que eso existía", afirma Quintero.
El médico decidió investigar por su cuenta y realizó una maestría en ciencias forenses y sociología. Su trabajo en el Instituto Nacional de Medicina Legal le permitió identificar que la mutilación genital femenina en Colombia se practica en comunidades indígenas Emberá y Nasa, bajo creencias culturales que buscan controlar la sexualidad femenina.
Una práctica culturalmente arraigada
En la comunidad Emberá, la mutilación genital femenina es conocida como "corte de callo" o "curación". Se realiza cortando o quemando el clítoris con una cuchilla o cuchara caliente. La creencia es que si no se hace, la niña tendrá varios esposos o será "de la vida alegre". La lideresa indígena Francia Elena Giraldo, quien lleva 20 años trabajando para erradicar esta práctica, explica: "La mamá lo está haciendo algo muy bueno por su hija, garantizándole una vida de éxito en su futuro afectivo".
Sin embargo, las consecuencias son graves: dolor, infecciones, complicaciones en el parto y afectaciones en la salud mental. La Organización Mundial de la Salud define esta práctica como una "violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas".
Vacios legales y fragmentación institucional
El médico Leonardo Quintero identificó que durante casi dos décadas, el Estado colombiano ha abordado la mutilación genital femenina desde marcos distintos, sin una ruta unificada. La primera sentencia sobre el tema se abordó como violencia intrafamiliar; la Fiscalía lo ha tratado como lesiones personales; Medicina Legal lo ha analizado desde la tortura; y las Comisarías de Familia no han tenido lineamientos claros.
"Son cuatro visiones del Estado colombiano diciendo: no sabemos qué es, ni cómo la agarramos", sostiene Quintero. Esta fragmentación ha llevado a que los casos no se registren adecuadamente y que muchas víctimas queden desprotegidas.
La lucha de las lideresas indígenas
Desde 2007, lideresas emberá, con apoyo de organizaciones internacionales, han impulsado espacios educativos a través del proyecto "Embera Wera", basado en la palabra y la escucha. En 2016, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) asumió el compromiso de transformar estas prácticas, y en 2017, el parlamento de la nación embera firmó un mandato para erradicarlas.
La abogada Leandra Becerra, asesora legal de Equality Now, señala que la práctica está naturalizada en ciertos contextos culturales y es una forma de violencia de género. El reto es encontrar un equilibrio entre la jurisdicción indígena y la garantía de los derechos fundamentales.
Un proyecto de ley en el Congreso
El 27 de agosto de 2024, lideresas emberá, junto a organizaciones y congresistas como Carolina Giraldo, Alexandra Vásquez, Jennifer Pedraza y Angélica Lozano, presentaron el proyecto de ley "Cuerpos Libres de Mutilación Genital Femenina". La iniciativa ha superado tres debates en el Congreso y queda uno pendiente en el Senado. Tiene plazo hasta el 20 de junio para convertirse en ley antes de que se archive.
Según cifras oficiales, entre 2020 y 2024 se reportaron 204 casos de mutilación genital femenina, 177 de ellos en niñas indígenas, principalmente en Risaralda y Chocó. Sin embargo, se cree que hay un subregistro significativo debido a la falta de denuncias y la estigmatización.
Una respuesta que debe ser integral
Leonardo Quintero plantea que la respuesta del Estado se ha construido al revés durante 18 años. "Como el Estado todavía no sabe muy bien qué es, las instituciones nos ha tocado empezar a indagar por nuestra propia cuenta", afirma. Propone que se necesita una acción conjunta y coordinada entre el sector salud, el ICBF, el sistema educativo, la Jurisdicción Especial Indígena y el Congreso.
Para la lideresa Francia Elena Giraldo, el punto no está en señalar a quienes practican la ablación, sino en brindar información y educación. "Ellas lo hacen desde el desconocimiento", dice. Su lucha se centra en abrir espacios de conversación dentro de las comunidades para que las mujeres conozcan sus derechos.
La mutilación genital femenina en Colombia sigue siendo una deuda pendiente. Mientras el Congreso discute el proyecto de ley, las comunidades indígenas continúan su labor de concienciación y prevención, con la esperanza de que algún día esta práctica desaparezca.
