Exdirector de la UNGRD ratifica compromiso de colaboración ante la justicia
En una carta dirigida al país y firmada con huella dactilar, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha reiterado de manera enfática su disposición incondicional de cooperar con las autoridades judiciales en el marco del macroescándalo de corrupción que sacude a la entidad. Su declaración se produce mientras la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá se apresta a decidir sobre la apelación del preacuerdo que firmó con la Fiscalía General de la Nación en mayo de 2025.
Compromiso firme más allá del fallo judicial
"Sin importar si se aprueba o no el preacuerdo, mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás", escribió López en el documento, agregando una frase que ha resonado en el ámbito judicial: "Si la justicia requiere más, habrá más". El exfuncionario, quien permanece privado de la libertad, reconoció responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir en el acuerdo que ahora está bajo revisión judicial.
Revelaciones sobre presiones y ofrecimientos ilícitos
En su misiva, López describió los numerosos obstáculos que ha enfrentado desde que optó por colaborar con la justicia. "Esta decisión de decir la verdad no ha estado exenta de presiones, riesgos e intentos de interferencia", señaló el exdirector, revelando específicamente que rechazó un ofrecimiento de soborno por "miles de millones de pesos" que inmediatamente puso en conocimiento de las autoridades.
El exfuncionario también afirmó que tuvo la posibilidad de huir del país, buscar protección en el exterior o guardar silencio ante las amenazas recibidas. "Pude hacerlo. Pude haber salido del país, haber buscado protección en otros lugares o haber optado por el silencio al atemorizarme por las amenazas, las persecuciones o al aceptar el soborno ofrecido, como ocurre en muchos casos. No lo hice", escribió con determinación.
El "cónclave" y la red de implicados
López reiteró que fue él quien alertó sobre la existencia del llamado "cónclave", un espacio que, según sus declaraciones, operaba en la Casa de Nariño como mecanismo para "coordinar acciones dirigidas a corromper congresistas y a direccionar contratos". En este contexto, volvió a mencionar a los principales señalados:
- Carlos Ramón González, exdirector del Dapre
- César Manrique Soacha, exdirector de la Función Pública
- Los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle
- Los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior)
- La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz
"En mis declaraciones he señalado a altos funcionarios del Estado porque mi deber es decir la verdad completa, sin reservas ni consideraciones personales", afirmó López, defendiendo la solidez de su testimonio al señalar que sus declaraciones "son veraces y han sido respaldadas por pruebas y por otros testimonios".
Detalles del acuerdo judicial y consecuencias
El preacuerdo sometido a revisión contemplaba una reducción de pena a 6 años y 2 meses de prisión a cambio del reconocimiento de responsabilidad de López en los delitos mencionados, además del compromiso de devolver al Estado los dineros apropiados de manera irregular durante su gestión al frente de la UNGRD. Su defensor, José Moreno, ha confirmado públicamente que la decisión del tribunal no afectará el compromiso de su cliente de continuar aportando información en el marco de las investigaciones.
Amplitud del escándalo y otros implicados
Las declaraciones de López se inscriben en el mayor escándalo de corrupción documentado en la UNGRD, que ha derivado en la judicialización de una extensa cadena de exfuncionarios, congresistas y contratistas vinculados al Gobierno Petro. La lista de implicados incluye:
- Los recién electos congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, capturados en marzo de 2026 por cohecho impropio
- El exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla
- El exsubdirector Luis Carlos Barreto Gantiva
- El exasesor jurídico Pedro Andrés Rodríguez Melo
- El abogado Édgar Eduardo Riveros Rey
El desvío de recursos se materializó en parte a través del empresario Luis Eduardo López Rosero, conocido como "El Pastuso", quien ya ha sido condenado. La Procuraduría General de la Nación destituyó a las cabezas de la entidad tras comprobar millonarios sobrecostos, concluyendo que con su conducta "desconocieron los principios de moralidad, eficacia y economía que rigen la función pública".
