A dos años del estallido del caso UNGRD, Olmedo López continúa sin una sentencia definitiva
El mayor escándalo de corrupción que ha sacudido al gobierno del presidente Gustavo Petro, el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mantiene en vilo a la justicia colombiana. Olmedo López, exdirector de la entidad y una de las cabezas principales de este entramado, aún no ha recibido una sentencia, a pesar de haber confesado hechos de corrupción y negociado un preacuerdo con la Fiscalía General.
La situación contrasta con la de su exsubdirector, Sneyder Pinilla, quien ya fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión tras la aprobación de su preacuerdo, que incluyó una reducción del 45% en la pena por delitos como concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación.
El tortuoso camino judicial del preacuerdo de López
Olmedo López firmó un principio de oportunidad por algunos delitos y llegó a un preacuerdo por otros, en el que aceptó ciertos cargos a cambio de una rebaja de pena. Sin embargo, este acuerdo fue rechazado en mayo de 2025 por un juzgado especializado de Bogotá, que argumentó que el monto de reparación a las víctimas no era proporcional al daño causado, especialmente considerando que los afectados son pobladores de La Guajira que no recibieron el agua potable prometido.
La defensa de López, liderada por el penalista José Luis Moreno, apeló la decisión, y el caso pasó al Tribunal Superior de Bogotá. Desde entonces, ha estado en estudio por más de cuatro meses, sin que se conozca un veredicto. Inicialmente, el magistrado Fabio Bernal se declaró impedido para analizarlo, y luego fue asignado a la magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano, quien lo tiene en su despacho desde octubre de 2025.
El escándalo que conmocionó al gobierno Petro
Según denuncias de medios como EL TIEMPO, Olmedo López fue uno de los cerebros de una "empresa ilegal" que, en el segundo semestre de 2023, habría saqueado a la UNGRD con el objetivo de comprar votos en el Congreso mediante millonarias coimas y convenios. Este esquema buscaba asegurar apoyos para las reformas sociales del Ejecutivo, involucrando a cerca de 50 personas, incluidos dos exministros que actualmente están presos.
Además del preacuerdo, tanto López como Pinilla recibieron principios de oportunidad de la Fiscalía, beneficios que los eximen de pena por otros delitos a cambio de servir como testigos contra más investigados. Este aspecto ha añadido complejidad al proceso, ya que la justicia debe balancear la necesidad de reparación a las víctimas con los beneficios otorgados por colaboración.
La incertidumbre judicial y sus implicaciones
La demora en la sentencia de Olmedo López plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema judicial en casos de alta corrupción. Mientras el Tribunal de Bogotá delibera, las víctimas, particularmente las comunidades de La Guajira, esperan justicia y reparación. El fallo pendiente podría incluir una condena si se aprueba el preacuerdo, o mantener el rechazo inicial, lo que prolongaría el proceso.
Este caso subraya los desafíos en la lucha contra la corrupción en Colombia, donde los mecanismos como preacuerdos y principios de oportunidad son herramientas clave, pero su aplicación enfrenta obstáculos legales y morales. La resolución final no solo afectará a López, sino que sentará un precedente para futuros escándalos de similar magnitud.
