La excandidata y exsenadora Paloma Valencia alertó en la mañana de este jueves 2 de julio sobre presuntos cambios de última hora en una convocatoria pública de Air-e, la cual se hizo con recursos del Ministerio de Minas y Energía. Valencia expuso que a dos días antes del cierre del proceso, Air-e expidió una modificación de algunos aspectos estructurales de la convocatoria, lo que habría generado dudas en la transparencia del proceso y el manejo de estos dineros públicos.
¿Cuáles fueron los cambios de última hora en la convocatoria?
La senadora explicó por medio de un hilo en su cuenta de X cuáles aspectos estructurales se habrían modificado en esta convocatoria. En el mensaje indicó que se habrían cambiado los requisitos de experiencia, el esquema de pagos, las condiciones de las garantías y el cronograma. Los cambios correspondieron a la Convocatoria Pública de Ofertas No. 047/81101226T1 para contratar la interventoría de proyectos de normalización de redes eléctricas financiados con recursos del Programa PRONE 002-2025.
Entre los cambios más llamativos, Valencia destacó el modo de pago. La convocatoria original establecía que el 60 por ciento se haría mediante pagos mensuales, mientras que el otro 40 por ciento de acuerdo con el avance de obra, sujeto a hitos de ejecución. La empresa expidió una adenda con la que lo modificó para entregar la plata como anticipo —sin haber ejecutado parte del trabajo—, en un esquema de 50 por ciento de pago anticipado, 30 por ciento mediante pagos mensuales y 20 por ciento por avance de obra. Es decir, la mitad del contrato se pagaría antes de ejecutar algo.
Respecto al endurecimiento de los requisitos de experiencia, Valencia precisó que la convocatoria original solo exigía acreditar experiencia en proyectos del sector eléctrico. Sin embargo, con la Adenda No. 1 del 24 de junio de 2026 se introdujeron simultáneamente tres modificaciones: restringió la experiencia a proyectos PRONE, exigió acreditar al menos un contrato relacionado con AGPE (Autogeneración a Pequeña Escala) y aumentó el valor mínimo de experiencia de 3.500 a 3.890 SMMLV, es decir, 390 SMMLV adicionales, un incremento del 11,14 por ciento.
Denuncia de posible acomodo para un contratista
La exsenadora apuntó que sospechaba que se estuviera adaptando la convocatoria para un proponente. "Pareciera un acomodo para beneficiar específicamente a un contratista, evitando la competencia de otros", dijo. Aparte de eso, Valencia manifestó que la modificación incluyó una recomendación expresa para contratar los servicios de un corredor de seguros específico: Correcol S.A. El documento, además de mencionar la empresa, incluye el nombre del ejecutivo responsable, dos correos electrónicos y dos números de celular. Según Valencia, no es común que un acto administrativo señale a un intermediario privado.
Exigencias de Valencia sobre la modificación de Air-e
Paloma Valencia hizo énfasis en su publicación en que se estaba hablando de recursos públicos del Ministerio de Minas y Energía, y que estos debían destinarse a mejorar el servicio eléctrico, sobre todo tratándose de la región Caribe. "Estamos hablando de recursos públicos del Ministerio de Minas y Energía que deben destinarse a mejorar el servicio eléctrico, especialmente en la región Caribe", señaló la exsenadora. En este sentido, argumentó que las modificaciones estructurales a dos días del cierre de una convocatoria son alarmas que no se podían ignorar. Por ese motivo, exigió respuestas sobre quién ordenó los cambios de última hora, qué estudios técnicos los justificaron y cuál fue el sustento para recomendar a un corredor de seguros en el documento.
Contexto de la crisis de Air-e en el Caribe
El servicio eléctrico en la región Caribe, del cual se encarga la empresa Air-e, ha sido muy comentado durante los últimos años por sus constantes fallas y su insostenibilidad. La crisis de Air-e llegó a un punto crítico en septiembre de 2024, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomó posesión de la empresa con fines de administración. La decisión se produjo tras concluir que la compañía enfrentaba graves dificultades operativas, financieras y comerciales que ponían en riesgo la continuidad del servicio de energía para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Con la intervención, el Gobierno anunció un plan de choque para estabilizar la empresa y evitar una crisis similar a la ocurrida con Electricaribe. La intervención respondió a un contexto de constantes quejas por las fallas en la prestación del servicio y por el incremento de las tarifas de energía en la región Caribe. Además de los problemas financieros de la compañía, la infraestructura heredada, las pérdidas de energía por conexiones ilegales y las dificultades de recaudo agravaron la situación. Tras asumir la administración, la Superservicios advirtió sobre un posible riesgo de sabotaje al sistema eléctrico e instó a las autoridades locales a reforzar las medidas de seguridad para garantizar la operación de la red.
Minminas Edwin Palma reiteró que la intención del gobierno Petro es liquidar Air-e, según declaraciones recientes. La denuncia de Valencia se suma a las preocupaciones sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos destinados a mejorar el servicio eléctrico en la región Caribe.
