En la Cancillería de Álvaro Leyva Durán terminó ocurriendo una paradoja judicial. El funcionario que debía ejecutar las órdenes del entonces canciller terminó, según la Fiscalía, deshaciendo sus decisiones, favoreciendo intereses opuestos a los de su jefe y acabó con un expediente penal incluso más delicado que el del propio exministro.
El papel de José Antonio Salazar en la Cancillería
José Antonio Salazar Ramírez fue secretario general de la Cancillería entre agosto de 2022 y febrero de 2024, y una de las personas de mayor confianza de Álvaro Leyva. En ese cargo, era responsable de ejecutar las directrices del canciller y supervisar la gestión administrativa de la entidad.
Según la investigación de la Fiscalía, Salazar habría actuado en contra de las órdenes de Leyva, tomando decisiones que favorecían a terceros y deshaciendo lo que su jefe había dispuesto. Esto lo llevó a enfrentar un proceso penal por los delitos de prevaricato y enriquecimiento ilícito.
Las acusaciones de la Fiscalía
La Fiscalía sostiene que Salazar, en su calidad de secretario general, habría emitido actos administrativos contrarios a la ley y se habría beneficiado económicamente de manera ilícita. Aunque no se han revelado todos los detalles de la investigación, se indica que el caso está relacionado con la gestión de pasaportes y otros trámites diplomáticos.
La situación de Salazar es particularmente grave porque, según fuentes judiciales, su expediente penal es más delicado que el del propio Álvaro Leyva, quien también enfrenta investigaciones por supuestas irregularidades en la Cancillería.
El contexto del caso
La paradoja judicial se da en medio de un escándalo mayor que involucra a la Cancillería durante el gobierno de Gustavo Petro. Álvaro Leyva fue cuestionado por su gestión y por presuntas irregularidades en la contratación y en la expedición de pasaportes. Ahora, su hombre de confianza enfrenta cargos que podrían llevarlo a prisión.
La Fiscalía continúa recopilando pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad de Salazar. Se espera que en los próximos meses se conozcan más detalles sobre este caso que ha generado gran expectativa en el ámbito político y judicial colombiano.
Reacciones y posibles consecuencias
Hasta el momento, ni José Antonio Salazar ni Álvaro Leyva se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Sin embargo, fuentes cercanas a la Cancillería indican que Salazar ha negado las imputaciones y ha ofrecido su versión de los hechos a las autoridades.
El caso podría tener implicaciones políticas, ya que Salazar era un funcionario de confianza del gobierno Petro. Si se confirman las acusaciones, esto podría afectar la imagen del Ejecutivo y generar nuevos cuestionamientos sobre la gestión de la Cancillería.
