Petro denuncia persecución a funcionarios de la SIC sancionados por investigar a Thomas Greg & Sons
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió un comunicado oficial respaldando a 16 funcionarios y contratistas de la entidad que fueron sancionados por la Procuraduría General de la Nación. Las sanciones se produjeron después de que estos servidores realizaran visitas de inspección a la Cancillería y la Registraduría Nacional, donde investigaban posibles irregularidades relacionadas con la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de la expedición de pasaportes en Colombia.
Respaldo institucional y críticas a la Procuraduría
La SIC expresó su respaldo irrestricto a los trabajadores sancionados, destacando que estos procedimientos de inspección se efectuaron en ejercicio de facultades legítimas y conforme a protocolos institucionales establecidos. La entidad argumentó que decisiones como estas limitan significativamente sus facultades legales de inspección, control y vigilancia, lo que afecta directamente su capacidad para proteger la competencia y el bien común de los colombianos.
"Estas sanciones cercenan la capacidad institucional para cumplir con nuestras funciones constitucionales", señaló la Superintendencia en su comunicado. Los funcionarios afectados recibieron inhabilidades para contratar con el Estado por hasta cinco años y sanciones pecuniarias que alcanzan los 130 millones de pesos.
Posición del presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro se sumó a las críticas, calificando las sanciones como una persecución directa contra los investigadores. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario afirmó: "Después de criticar el que me haya pronunciado por el fraude demostrado por la justicia del papel de la firma Thomas Greg and Sons por su papel monopólico de la data de los colombianos, la procuraduría persigue a los funcionarios que hicieron la investigación. La investigación debe continuar".
Petro enfatizó la necesidad de que las investigaciones sobre las posibles irregularidades en los contratos de pasaportes sigan su curso normal, sin interferencias que puedan obstaculizar el trabajo de los organismos de control.
Impacto en las funciones de la SIC
La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó su preocupación por el precedente que establecen estas sanciones, argumentando que:
- Reducen a su mínima expresión las funciones de autoridad de la entidad
- Afectan personalmente a servidores públicos con trayectoria institucional comprobada
- Limitan la capacidad de lucha contra la corrupción económica
- Comprometen la defensa del interés público en materia de competencia
La entidad destacó que los funcionarios sancionados han demostrado "una alta consciencia ética y jurídica en la defensa del interés general" a lo largo de sus carreras profesionales.
Contexto de las investigaciones
Las inspecciones que dieron origen a las sanciones se centraron en las relaciones contractuales entre el Estado colombiano y Thomas Greg & Sons, empresa que ha estado bajo escrutinio por su manejo de los datos personales de los colombianos en el proceso de expedición de pasaportes. La SIC había iniciado estas investigaciones como parte de sus funciones de vigilancia de prácticas anticompetitivas y protección de los derechos de los consumidores.
Según la Superintendencia, estos procedimientos habían sido previamente validados por las Altas Cortes de Colombia y se ajustaban a todos los protocolos institucionales establecidos, sin haber recibido cuestionamientos previos por parte de la Procuraduría.
Expectativas de la SIC
Finalmente, la entidad expresó su confianza en que, en segunda instancia, se realice un examen juicioso e imparcial de la totalidad de los elementos probatorios recaudados durante el proceso disciplinario. La SIC espera que la decisión final respete la verdad jurídica, preserve la integridad del derecho y garantice el normal funcionamiento de la institución en su labor de persecución de la corrupción económica.
"Confiamos en que se reconocerá el trabajo legítimo de nuestros funcionarios y se protegerá la capacidad institucional de la SIC para cumplir con su mandato constitucional", concluyó la entidad en su pronunciamiento oficial.
