La Contraloría General de Antioquia concluyó una actuación especial de fiscalización al proyecto Hidroituango, iniciada a finales de febrero tras el cambio de contratistas para las obras finales. Aunque destacó que no hubo afectación del patrimonio público de la Sociedad Hidroituango, sí identificó un posible detrimento patrimonial de 108.585 millones de pesos para Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Detalles del hallazgo fiscal
Según el contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera, el presunto detrimento se originó por una vulneración del principio de planeación en el proceso de contratación para las unidades de generación 5, 6, 7 y 8. Las situaciones identificadas ocurrieron entre 2022 y 2023, durante la administración de Medellín encabezada por Daniel Quintero. Herrera señaló que estos casos deberán ser asumidos por la Contraloría Distrital, al estar implicada una entidad del conglomerado público de la ciudad.
Hallazgos administrativos adicionales
La actuación también arrojó dos hallazgos administrativos. El primero se relaciona con la oportunidad para hacer efectivas las acciones judiciales derivadas del incumplimiento del Hito 7 del Cronograma Director del contrato BOOMT durante 2022 y 2023. El segundo, por la omisión en la actualización del modelo financiero durante el primer trimestre de 2026. Herrera afirmó: "Dos hallazgos administrativos frente a los cuales se están adelantando los respectivos planes de mejoramiento, sin ninguna incidencia fiscal para Hidroituango. De esta manera, a los antioqueños les decimos que estamos protegiendo los recursos de Antioquia".
Contexto del cambio de contratistas
El cambio de contratistas para las obras finales de Hidroituango generó controversia en su momento. Sectores políticos, gremiales y expertos cuestionaron la urgencia del proceso, los mecanismos de contratación utilizados y la posibilidad de que la salida de empresas familiarizadas con el proyecto afectara el cronograma de entrada en operación de las últimas cuatro unidades. Desde la entonces gerencia de EPM y la administración de Medellín se defendió la decisión, argumentando que era necesario separar a los contratistas señalados en procesos judiciales por la contingencia de 2018 y garantizar la culminación de la obra bajo nuevas condiciones contractuales.
