Este lunes, la Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a los COP 2.000 millones, tras evidenciar que 1.315 niñas y niños fueron atendidos simultáneamente por la Secretaría de Integración Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La situación genera una presunta duplicidad en el pago y la prestación de servicios financiados con recursos públicos destinados a la primera infancia.
Hallazgo tras cruce de bases de datos
Según la entidad de control fiscal, el hallazgo se originó tras un cruce de base de datos entre ambas entidades, encontrando que un total de 1.315 niños y niñas fueron atendidos concurrentemente. “Situación que contraviene la normatividad vigente, según la cual un mismo menor no puede recibir atención financiada por dos entidades del Estado al mismo tiempo”, indicó la Contraloría.
De acuerdo con el organismo de control, la actuación fiscal vincula presuntamente a varios funcionarios que se desempeñaron como subdirectores para la Infancia de la Secretaría de Integración Social, quienes tendrían la responsabilidad de garantizar el control, seguimiento y correcta ejecución de estos programas.
Impacto en la cobertura de programas
Diego Samudio Caballero, subdirector de Responsabilidad Fiscal, señaló: “Esta situación no solo compromete recursos públicos, sino que limita la posibilidad de ampliar la cobertura de los programas dirigidos a la primera infancia. Cada cupo utilizado de manera duplicada representa una oportunidad menos para muchos niños”.
La Contraloría destacó que el presunto detrimento patrimonial asciende a más de COP 2.000 millones, recursos que pudieron haberse destinado a ampliar la cobertura de atención a la primera infancia en Bogotá.
Respuesta de Integración Social
A través de un comunicado, la entidad distrital señaló que adelanta las acciones correspondientes para precisar las circunstancias en que se dieron estos hechos. Sin embargo, se defendió argumentando que, de acuerdo con la Ley y la política pública de primera infancia, no es una irregularidad que un niño o niña reciba servicios de dos entidades al mismo tiempo, especialmente aquellos que viven en situación de pobreza o vulnerabilidad.
Para ejemplificar, destacaron que en la práctica una niña o niño puede asistir a un jardín infantil de Integración Social en jornada continua y, simultáneamente, estar vinculado a una modalidad familiar de otra entidad, orientada principalmente al acompañamiento a cuidadores y al fortalecimiento de capacidades familiares.
Casos que justifican la concurrencia
La Secretaría también mencionó casos asociados a traslados de vivienda, movilidad frecuente de las familias entre localidades o municipios, permanencia alternada en distintos hogares de cuidado durante la semana, procesos migratorios o situaciones de itinerancia derivadas de la ausencia de una residencia habitual.
“Estas circunstancias pueden generar registros concurrentes o transiciones entre servicios durante periodos cortos, sin que ello signifique necesariamente una duplicidad de atenciones o de beneficios”, justificó la entidad. En 2024, Integración Social brindó atención a más de 48.000 niñas y niños en los jardines infantiles en Bogotá y en 2025 a 51.900.
