Procuraduría investiga adjudicación irregular de contrato de brazaletes electrónicos en USPEC
La Procuraduría General de la Nación anunció formalmente la apertura de una indagación previa contra funcionarios de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), con el objetivo de esclarecer posibles faltas disciplinarias en el contrato de brazaletes electrónicos para el monitoreo de personas privadas de la libertad. Este contrato, adjudicado en el año 2025 a la Unión Temporal Utefectiva, presenta múltiples irregularidades que han generado alerta en el ente de control.
Ocultamiento de fallas técnicas y operativas
Según el comunicado oficial emitido por la Procuraduría, la investigación se basa en una queja que señala que el contrato bilateral suscrito en 2025 "se habría adjudicado a dedo, con ocultamiento de fallas técnicas y operativas por parte de funcionarios de la USPEC y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)". Los funcionarios habrían ocultado deliberadamente deficiencias en el sistema de monitoreo, comprometiendo su efectividad y seguridad.
Además de estas fallas técnicas, la investigación revela que se permitieron pagos irregulares por parte de la empresa Prepacol, que ascendieron a aproximadamente $1.500 millones, a pesar de que la empresa no habría cumplido con las obligaciones contractuales establecidas. Esta situación se agrava por la existencia de conflictos de interés con la interventora del contrato, lo que pone en duda la imparcialidad en la supervisión del mismo.
Prácticas de pruebas y determinación de responsabilidades
La Procuraduría ha ordenado la práctica de pruebas específicas para:
- Identificar a los posibles responsables de las irregularidades
- Verificar la manipulación de informes técnicos
- Determinar si estos hechos configuran faltas disciplinarias graves
- Evaluar el impacto en la administración de recursos públicos
El ente de control enfatizó que su actuación busca garantizar la transparencia en la contratación estatal y proteger los recursos destinados a la seguridad ciudadana. Los contratos relacionados con el sistema penitenciario tienen un impacto directo en la confianza institucional y en la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
Marco de la investigación y compromiso institucional
Esta investigación se enmarca en los esfuerzos del Ministerio Público por reforzar los mecanismos de vigilancia sobre la contratación pública, especialmente en sectores sensibles como el penitenciario, donde la eficiencia y legalidad de los procesos son esenciales para garantizar el orden y la seguridad.
"El Ministerio Público reitera su compromiso de velar por la transparencia en la contratación estatal y proteger los recursos públicos destinados a la seguridad ciudadana", concluyó la Procuraduría en su declaración oficial, subrayando la importancia de este caso para la integridad de las instituciones estatales.
Otras investigaciones activas de la Procuraduría
Paralelamente a esta investigación, la Procuraduría General de la Nación mantiene activa una indagación previa por presuntas fallas en contratos del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) suscritos en 2023 y gestionados por el Ministerio de Transporte en Santa Marta, Magdalena.
De acuerdo con hallazgos reportados por la Contraloría, a pesar de haberse pagado más del 90% del valor contractual, hasta junio de 2025 no se evidenció la puesta en marcha de equipos tecnológicos contratados por más de $21.800 millones para el Sistema de Recaudo Centralizado, Control de Flota e Información al Usuario, lo que demuestra el alcance de las investigaciones del ente de control en diversos frentes de la administración pública.
