La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá el control de los bienes incautados a la marca de ropa interior Lili Pink, mientras las autoridades confirman capturas por delitos relacionados con lavado de activos y contrabando. El operativo, ejecutado desde la madrugada por agentes del CTI, se desplegó en puntos estratégicos de Colombia y ha generado incertidumbre sobre el futuro de la firma en el país.
Un golpe a las finanzas de la red investigada
La tranquilidad de centros comerciales y locales a pie de calle se vio interrumpida por medidas cautelares que buscan rastrear el origen de los recursos de la compañía. Según informó Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, la Fiscalía General de la Nación lidera una ofensiva a gran escala que no se limita a las vitrinas de venta al público. El operativo incluye la extinción de dominio sobre centenares de bienes, como establecimientos comerciales, inmuebles y vehículos de alta gama. Las autoridades intentan desenredar una presunta red de lavado de activos y contrabando que habría utilizado la estructura de la marca para dar apariencia de legalidad a dineros de procedencia dudosa. Estas acciones se desarrollan de forma simultánea en varias regiones, lo que demuestra la magnitud de la investigación que se venía gestando bajo total reserva.
Capturas y el nuevo destino de los activos
La intervención no terminó con el sellamiento de locales o el embargo de vehículos. El operativo también contempló la ejecución de órdenes de captura contra personas vinculadas a esta sociedad, señaladas de ser los cerebros o colaboradores detrás de la estructura financiera ilegal. El objetivo es desmantelar el brazo económico de una organización que, según los indicios, operaba bajo la fachada de la venta masiva de textiles. A partir de ahora, los bienes ocupados quedarán bajo la administración de la SAE, que será responsable de gestionar estos activos mientras los procesos judiciales avanzan, asegurando que no pierdan valor ni se sigan utilizando para fines ilícitos. El país permanece atento al balance oficial que entregue la Fiscalía, pues el impacto en el mercado nacional es innegable.
