La exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, denunció durante una audiencia que la Fiscalía General de la Nación la presionó para declarar contra ministros del gobierno de Gustavo Petro, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ortiz enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias.
Desde la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, donde se encuentra detenida, Ortiz afirmó que el coordinador de la Fiscalía le dijo: “Si usted no acusa a ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento”. La exfuncionaria aseguró haber enviado una carta a la Fiscalía documentando su versión.
Según la investigación, Ortiz habría actuado como intermediaria en la entrega de sobornos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, quienes están privados de la libertad. Name habría recibido 3.000 millones de pesos y Calle, 1.000 millones, para facilitar trámites de reformas del Gobierno en el Congreso.
El juicio oral contra Sandra Ortiz inició el 10 de abril, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negara la solicitud de preclusión presentada por su defensa. El Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá ratificó la continuidad del proceso el 4 de marzo, al considerar que no había obstáculos para el juicio.
La defensa, liderada por el abogado Mauricio Camacho, pidió el cierre del caso argumentando inconsistencias en la imputación, relacionadas con un contrato que inicialmente se vinculó al municipio de Repelón (Atlántico), pero que se ejecutó en Girón (Santander).
