La confrontación entre la Superintendencia Nacional de Salud y la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) escaló este fin de semana. La autoridad anunció una denuncia penal contra los directivos de la empresa por presunta obstrucción a una auditoría, mientras el gerente de la licorera, Esteban Ramos, respondió que detrás de las actuaciones existe un intento de instrumentalizar la entidad en medio de disputas personales.
Denuncia penal por obstrucción a la auditoría
La Superintendencia informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación al considerar que los directivos de la FLA impidieron el desarrollo de una diligencia de inspección, vigilancia y control. Además, puso los hechos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, al tiempo que inició actuaciones administrativas frente a la entidad vigilada.
Según el comunicado, el pasado 26 de junio de 2026, a las 2:40 de la tarde, el equipo auditor llegó a las instalaciones de la FLA para reanudar las actuaciones de inspección. Sin embargo, aseguró que la empresa no permitió la continuidad del procedimiento, situación que, de acuerdo con la entidad, impidió el desarrollo de la auditoría programada.
Un hecho sin precedentes
La Superintendencia sostuvo que se trata de un episodio sin antecedentes dentro de sus funciones de vigilancia. En el comunicado afirmó que “ningún sujeto vigilado se había negado a permitir el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud”, por lo que calificó el hecho como un precedente dentro de la actuación institucional.
La autoridad también recordó que atender los requerimientos de inspección constituye una obligación para las entidades vigiladas y sus servidores públicos. En ese contexto, señaló que la conducta podría configurar el delito de obstrucción a la función pública, contemplado en el artículo 429D del Código Penal, con penas de prisión entre 36 y 60 meses.
Recusación previa contra Quintero y Duque
Antes de ese episodio, el proceso ya había enfrentado un primer desacuerdo entre las partes. La FLA presentó el 24 de junio una recusación contra el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, y el superintendente delegado para Entidades Territoriales, Juan David Duque García, lo que mantuvo suspendida la diligencia durante varios días.
La Superintendencia explicó que el Ministerio de Salud y Protección Social resolvió la recusación mediante una decisión en la que declaró que no estaba probada. Con ello quedó habilitada la continuación de la auditoría ordenada previamente, aunque, según la versión oficial, posteriormente la empresa volvió a impedir la reanudación de las actuaciones.
Respuesta de la FLA: acusaciones de instrumentalización
Desde la FLA, el gerente Esteban Ramos rechazó la actuación de la autoridad sanitaria y defendió la recusación presentada contra los funcionarios. En un pronunciamiento público aseguró que la decisión buscó impedir que la Superintendencia fuera utilizada en conflictos personales que, a su juicio, terminan afectando a la empresa.
Ramos afirmó: “he recusado a Daniel Quintero y a Juan David Duque para evitar que instrumentalicen la Supersalud en sus rencillas personales contra mí, en detrimento de una empresa tan querida como es la FLA”.
El gerente también elevó el tono de sus declaraciones al asegurar que existe un interés por afectar a la licorera antioqueña. En ese sentido manifestó: “Quienes quisieron acabar con Medellín, Daniel Quintero y su ex secretario privado censurado Juan David Duque, vienen por una empresa muy querida por los antioqueños, como es la Fábrica de Licores de Antioquia. ¡Aquí estamos firmes para defenderla!”.
Resultados financieros de la FLA en 2025
En medio del intercambio de posiciones, Ramos destacó los resultados financieros alcanzados por la empresa durante el último año como parte de su defensa institucional. Indicó que 2025 fue un año histórico para la FLA y aseguró que la compañía mantuvo su propósito de apoyar el desarrollo del país mediante sus aportes económicos.
El gerente sostuvo que por concepto de impuesto al consumo, estampillas y utilidad operacional la FLA logró transferencias por $1,4 billones. Según explicó, esos recursos fueron destinados al fortalecimiento de la salud, la educación y la infraestructura, en un mensaje con el que buscó resaltar el papel de la empresa pública.
El caso avanza por múltiples vías
Mientras la FLA insiste en que la actuación de la Superintendencia responde a motivaciones ajenas al proceso de vigilancia, la autoridad sostiene que el cumplimiento de las funciones de inspección no es facultativo y que toda entidad vigilada debe colaborar con los requerimientos oficiales. El caso ahora avanza simultáneamente por las vías penal, administrativa y de control disciplinario y fiscal.
