El Consejo de Estado suspendió de manera provisional una norma del Consejo Nacional Electoral (CNE) que facultaba al organismo para imponer medidas cautelares a las encuestadoras durante los procesos electorales. La decisión fue tomada en el marco de una demanda que alegaba posibles excesos en la facultad reglamentaria del CNE.
Medidas suspendidas
La norma suspendida permitía al CNE adoptar acciones como la suspensión provisional de la inscripción de una encuestadora en el registro oficial, la prohibición temporal de publicar encuestas mientras se resolvía el proceso sancionatorio y la rectificación inmediata de información considerada errada o falsa, cuando existieran indicios graves de una infracción.
El demandante argumentó una posible vulneración de la reserva de ley estatutaria y del principio de legalidad. Sin embargo, el alto tribunal consideró que, en esta etapa procesal, el cargo con mayor sustento era el relacionado con un eventual exceso en la facultad reglamentaria del CNE.
Fundamentos del fallo
El Consejo de Estado explicó que la Ley 2494 de 2025 ordenó al CNE actualizar la reglamentación sobre encuestas electorales, pero no le otorgó expresamente competencia para crear medidas cautelares dentro de los procedimientos administrativos sancionatorios. Además, advirtió que el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al que remite la ley, tampoco contempla este tipo de medidas.
Según la alta corte, las medidas incorporadas por el CNE podían generar efectos significativos sobre los derechos de las firmas investigadas, al permitir incluso la prohibición de publicar encuestas antes de que existiera una decisión definitiva. También señaló que estas restricciones podrían tener impacto sobre los derechos políticos y la participación ciudadana al limitar el acceso a información electoral.
Contexto electoral
La decisión se produce en el marco de las elecciones presidenciales de 2026, donde figuras como Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son mencionados en las encuestas. La suspensión de la norma busca garantizar el equilibrio entre la regulación electoral y la libertad de información.
