La decisión de suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro hasta después de la segunda vuelta presidencial provocó una rápida ola de reacciones en distintos sectores políticos, que coincidieron en cuestionar la competencia de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para adoptar una medida de esa magnitud.
Controversia por los límites constitucionales
La controversia surgió luego de que la representante Gloria Arizabaleta, investigadora de la Comisión, ordenara la suspensión dentro de una investigación por presunta intervención en política, lo que abrió un debate sobre los límites constitucionales de esa facultad. Más allá de las posiciones políticas frente al Gobierno, buena parte de las críticas se concentró en un mismo punto: si una integrante de la Comisión de Acusación podía ordenar la suspensión del jefe de Estado o si esa decisión corresponde a otras instancias previstas en el ordenamiento constitucional.
Reacciones apuntan a la competencia de la Comisión de Acusación
Una de las primeras en pronunciarse fue la senadora Angélica Lozano, quien calificó la resolución como una decisión "absurda" y sostuvo que la Constitución establece un procedimiento distinto para una eventual suspensión presidencial. La congresista recordó el artículo 194 de la Constitución y afirmó que "solo el Senado puede suspender o destituir al presidente de la República". Además, explicó que una actuación de este tipo tendría que atravesar distintas etapas institucionales antes de llegar a una decisión definitiva.
En una línea similar se expresó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que la Comisión de Acusaciones actúa como una instancia de instrucción y no tiene facultades para suspender al mandatario. "Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente", manifestó. También agregó que "la Comisión de Acusaciones no puede suspender al Presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante".
Las críticas no provinieron únicamente desde sectores cercanos al Gobierno. La senadora María Fernanda Cabal sostuvo que la Comisión de Acusaciones carece de esa competencia y afirmó que "solo el Senado puede decretar la suspensión".
Oposición y petrismo coinciden en cuestionar la decisión
Uno de los elementos más llamativos de la controversia es que los cuestionamientos surgieron desde sectores políticos que habitualmente se encuentran en posiciones opuestas. El congresista electo Daniel Briceño afirmó que "la representante Gloria Arizabaleta suspende a Petro de la Presidencia aún cuando no tiene competencia para eso" y consideró que la medida podría favorecer una narrativa de victimización política.
Una tesis parecida fue planteada por el concejal Jesús David Araque, quien señaló que la suspensión "huele a jugada política". Según su interpretación, una decisión adoptada en plena campaña podría terminar beneficiando al propio mandatario al permitirle presentarse como víctima de persecución. Por su parte, el concejal Julián Espinosa calificó la actuación como "el acto más ridículo e ilegal visto en una campaña hasta ahora" y aseguró que una decisión de ese tipo le hace daño a la democracia.
Las críticas también llegaron desde figuras identificadas con el petrismo. Gustavo Bolívar cuestionó la actuación de la representante investigadora y sostuvo que la Constitución no contempla una figura de esta naturaleza. "Obviamente no sucederá porque la CN no contempla esa figura", escribió, al tiempo que calificó la actuación como un "abuso ignorante de poder".
Roy Barreras también rechazó la suspensión de Petro
Otra de las reacciones que llamó la atención fue la del excandidato presidencial y expresidente del Congreso Roy Barreras, quien además fue esposo de Gloria Arizabaleta, la representante que profirió la decisión. Barreras afirmó que la Comisión Legal de Acusaciones "NO tiene ninguna atribución para semejante decisión inconstitucional" y sostuvo que la medida "no tendrá efecto alguno".
Su declaración reforzó una de las conclusiones que atraviesa la mayoría de los pronunciamientos conocidos hasta ahora: la discusión dejó de centrarse únicamente en la figura del presidente Petro para trasladarse al terreno jurídico e institucional. Aunque los argumentos y tonos varían entre los distintos dirigentes, la coincidencia es evidente. Desde la oposición, sectores independientes, integrantes del Gobierno y figuras cercanas al petrismo surgieron cuestionamientos sobre la competencia de la Comisión de Acusación para ordenar la suspensión presidencial.
