El ministro de Defensa designado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, general (r) Jorge Eduardo Mora, radicó ante el Ministerio de Defensa Nacional un derecho de petición con 666 preguntas distribuidas en 85 folios, como parte del proceso de empalme del Sector Defensa. La solicitud fue dirigida al actual ministro de Defensa, mayor general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, y busca obtener información detallada sobre el estado administrativo, presupuestal, contractual, operacional, tecnológico, logístico, jurídico e institucional de esa cartera.
Estrategia de 'Empalme Anticorrupción'
Con este paso, Mora López se suma a la estrategia de 'Empalme Anticorrupción' promovida por el equipo de De La Espriella, que ha venido solicitando información sectorial a entidades del Estado antes de la posesión presidencial del nuevo gobierno. El objetivo de fondo es establecer cómo recibirá la administración entrante una de las carteras más estratégicas del Estado, especialmente por el peso que tendrá Defensa en la agenda de seguridad, orden público y recuperación territorial anunciada por De La Espriella.
Mora, en calidad de ministro de Defensa designado y delegado del equipo de empalme del presidente electo, solicitó formalmente información para garantizar continuidad administrativa, transparencia y defensa del patrimonio público. La petición también busca preservar las capacidades estratégicas del sector, un punto especialmente sensible en una cartera que reúne a las Fuerzas Militares, recursos de seguridad, operaciones, logística, tecnología, contratos y compromisos jurídicos.
Sustento legal y alcance de la solicitud
En el documento también se plantea que las respuestas deben entregarse dentro de los términos legales aplicables. Ese punto le da a la solicitud un marco formal dentro del proceso de transición gubernamental y del derecho de acceso a información pública. La magnitud del requerimiento muestra el interés del equipo entrante por revisar con detalle la cartera antes de asumir. Las 666 preguntas, distribuidas en 85 folios, apuntan a construir una radiografía amplia del Ministerio y sus entidades.
La solicitud se sustenta en normas constitucionales y legales sobre función administrativa, acceso a información pública y transición gubernamental. Allí se mencionan los artículos 23, 74 y 209 de la Constitución Política. También se invocan la Ley 951 de 2005, la Ley 1755 de 2015 y la Ley 1712 de 2014, junto con disposiciones sobre publicidad, trazabilidad documental y entrega ordenada de la gestión pública.
Contratos, presupuesto y capacidades bajo revisión
El alcance de la solicitud cubre asuntos administrativos, presupuestales, contractuales, operacionales, tecnológicos, logísticos, jurídicos e institucionales. En la práctica, el equipo entrante busca saber qué programas están en ejecución y qué compromisos quedarán vigentes. La petición también apunta a conocer el estado de los contratos, la ejecución de recursos, las obligaciones presupuestales, los riesgos jurídicos y las capacidades operacionales disponibles para el nuevo Ministerio de Defensa.
Ese diagnóstico será clave para las primeras decisiones del gobierno de De La Espriella. La cartera será uno de los ejes centrales de su administración, por su relación directa con seguridad, lucha contra estructuras criminales y fortalecimiento de la Fuerza Pública. El documento señala que la información debe servir para fines de empalme, continuidad administrativa, transparencia, defensa del patrimonio público y preservación de capacidades estratégicas. Esos elementos resumen la intención institucional del requerimiento.
Información reservada y transición del Sector Defensa
Por tratarse de una cartera sensible, el derecho de petición también contempla el manejo de información reservada o clasificada. Mora pidió que, cuando haya restricciones legales, el Ministerio lo indique de manera expresa y sustentada. El documento solicita que, si alguna información tiene reserva, clasificación o no existe, la entidad señale el fundamento normativo específico, la autoridad competente y la versión pública respectiva. Con esto, el equipo entrante busca ampliar el acceso sin desconocer los límites legales.
Mora López pidió además que la información y sus anexos sean remitidos de forma organizada, trazable y en formatos abiertos o reutilizables. El propósito es facilitar la revisión técnica por parte del equipo de empalme. Ese pedido apunta a evitar respuestas generales o difíciles de verificar. En una transición de gobierno, la trazabilidad documental es clave para identificar decisiones pendientes, contratos vigentes, riesgos institucionales y compromisos que no pueden interrumpirse.
El documento se enmarca en una estrategia más amplia del presidente electo, que ha promovido solicitudes formales de información en distintos sectores. En Defensa, el énfasis está en conocer recursos, capacidades, obligaciones y riesgos heredados. La dimensión política también es relevante. De La Espriella ha anunciado una agenda fuerte en materia de seguridad, orden público, recuperación territorial y lucha contra estructuras criminales. Para ejecutar esa hoja de ruta, necesitará claridad sobre el estado real del sector.
