Cristosal denuncia 245 casos de persecución política bajo el mandato de Bukele en El Salvador
La organización no gubernamental Cristosal reveló este jueves un informe alarmante que documenta al menos 245 casos de persecución política durante el gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador, una situación que no se veía en el país desde la guerra civil que concluyó hace tres décadas.
Detenciones de figuras clave y patrones preocupantes
Entre las 86 personas actualmente detenidas se encuentran la abogada Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, y el reconocido abogado constitucionalista Enrique Anaya, ambos críticos del gobierno salvadoreño. La organización humanitaria Cristosal se vio obligada a trasladar sus operaciones de El Salvador a Guatemala en julio pasado, alegando persecución por parte del gobierno de Bukele.
"Por primera vez después de los acuerdos de paz de 1992, podemos hablar de que hay presos políticos en El Salvador", afirmó René Valiente, director de investigaciones de Cristosal, durante una rueda de prensa.
Mecanismos de persecución y cifras reveladoras
Según el análisis detallado de Cristosal, la persecución se ejecuta mediante múltiples mecanismos que se combinan y refuerzan mutuamente:
- Hostigamiento y vigilancia constante
- Amenazas directas e indirectas
- Seguimiento sistemático
- Estigmatización pública
- Presión directa sobre individuos y organizaciones
De los 245 casos documentados, 180 personas (73,4%) enfrentaron procesos penales. En 174 de estos casos (96,6%), la persecución se realizó exclusivamente por la vía penal, mientras que en 6 casos (3,4%) el Estado combinó acciones penales con otras medidas punitivas.
Perfil de las víctimas y contexto político
El informe detalla que el 60,4% de las personas perseguidas pertenecen a grupos específicos: defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas. La persecución contra estos sectores ha sido constante y creciente entre 2019 y 2025, según los datos recopilados.
Bukele, quien ha declarado que no le importa que lo llamen "dictador", gobierna bajo un estado de excepción que ha permitido la detención de aproximadamente 91.000 personas sin orden judicial, señaladas como pandilleros o cómplices. Aunque el gobierno afirma que la criminalidad se ha reducido a mínimos históricos, organizaciones como Cristosal cuestionan los métodos empleados.
Comparaciones internacionales y clima de temor
Cristosal advierte que los procesos judiciales contra disidentes políticos "presentan patrones similares a los observados en países como Nicaragua y Venezuela", donde cientos de opositores han sido encarcelados por motivaciones políticas.
"En El Salvador se vive un estado permanente de miedo. La gente tiene miedo a levantar su voz, a defender a otros", agregó Valiente durante la presentación del informe.
Casos emblemáticos y preocupación internacional
Este mismo jueves, Amnistía Internacional expresó preocupación por el caso del activista salvadoreño Fidel Zavala, detenido el 25 de febrero de 2025 mientras asesoraba a una comunidad en riesgo de desalojo por un conflicto de tierras. Para esta organización, su caso ejemplifica la criminalización de la defensa de los derechos humanos y el abuso de la prisión preventiva.
Además de Ruth López y Enrique Anaya, el informe menciona la detención de un ambientalista y un líder comunitario, quienes llevan aproximadamente un año privados de libertad.
Retroceso histórico y declaraciones contundentes
La existencia de presos políticos en El Salvador representa un gran retroceso histórico, según Cristosal, ya que estos casos no se registraban desde la guerra civil que asoló el país entre 1980 y 1992.
Noah Bullock, director de Cristosal, fue contundente en su evaluación: "En el fondo del tan afamado modelo Bukele hay un régimen como tantos otros, una dictadura que mata, que tortura, que roba y que persigue".
El informe de Cristosal surge en un contexto donde Bukele mantiene un estado de excepción que, según críticos, ha permitido violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo el pretexto de combatir la criminalidad. La organización documentó meticulosamente cada caso durante seis años de investigación, proporcionando evidencia detallada de lo que califica como persecución política sistemática en el país centroamericano.
