Abogados venezolanos exiliados solicitan investigación penal contra Nicolás Maduro por tortura en Estados Unidos
Un grupo de abogados venezolanos en el exilio presentó formalmente una solicitud ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se abra una investigación penal contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro por el delito de tortura. Esta acción legal, introducida el 4 de enero, ocurre justo un día después de que Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladado a territorio norteamericano.
La presencia física de Maduro en Estados Unidos activa la jurisdicción prevista en el Estatuto Federal contra la Tortura, una herramienta legal que permite procesar a individuos por actos de tortura cometidos fuera del país cuando el acusado se encuentra dentro del territorio estadounidense. Este caso es completamente independiente del proceso que ya cursa en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro enfrenta cuatro cargos por supuesto narcotráfico.
Posibles condenas severas y requisitos procesales
El abogado Zambrano, uno de los profesionales que lidera esta iniciativa, explicó en conversación con medios venezolanos que "procesalmente, no se pueden agregar nuevos cargos al expediente existente". Esto requiere una investigación completamente nueva, cuya decisión de iniciarla recae en el fiscal correspondiente, quien tiene "un margen de discrecionalidad muy amplio".
El alcance potencial de las condenas es particularmente grave: si se demuestra que las víctimas fallecieron como consecuencia de actos de tortura, la legislación estadounidense permite cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Zambrano afirmó que "nosotros estamos procurando que se aplique la máxima pena que establece el estatuto".
El abogado sostiene que en Venezuela "muchas personas murieron bajo custodia del Estado como consecuencia de torturas", situación que, según su interpretación, encajaría en el supuesto agravado previsto en la legislación estadounidense.
Diferencias clave con otros sistemas judiciales
Una distinción fundamental entre el sistema estadounidense y otros mecanismos internacionales es el umbral de prueba requerido. A diferencia de la Corte Penal Internacional, donde la tortura debe demostrarse como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, en el sistema federal estadounidense basta con un solo caso comprobado.
Zambrano especificó que "aquí no hace falta demostrar sistematicidad, ni generalidad. Basta con que exista una sola víctima que pruebe que fue torturada bajo el color de la ley para que el Departamento de Justicia esté obligado a investigar".
Precedente histórico: el caso Gambia
Los abogados venezolanos se apoyan en un precedente prácticamente único en la historia judicial estadounidense: el caso de Michael Sang Correa, exintegrante de la unidad paramilitar conocida como "Junglers" en Gambia. En 2025, un jurado federal en Colorado condenó a Correa por actos de tortura cometidos en 2006 contra personas acusadas de participar en un intento de golpe de Estado.
Correa fue procesado bajo el mismo estatuto federal contra la tortura (18 U.S.C. § 2340A) luego de ser identificado en territorio estadounidense. Su caso marcó un hito histórico: fue la primera vez que un tribunal federal aplicó de manera efectiva esta jurisdicción contra un ciudadano extranjero por hechos ocurridos fuera de Estados Unidos.
En agosto de 2025, la corte sentenció a Michael Sang a 810 meses de prisión, equivalentes a 67 años y medio de cárcel. Esta condena estableció un precedente claro: la presencia del acusado en territorio estadounidense activa la competencia federal, incluso si los crímenes ocurrieron en otro continente y las víctimas no son estadounidenses.
Para los abogados venezolanos, este precedente demuestra que la herramienta legal no es meramente simbólica. Zambrano destacó que "ese es el único caso en la historia moderna de Estados Unidos en el que se ha aplicado este estatuto contra un extranjero por tortura cometida fuera del país. Si el Departamento de Justicia decide avanzar, estaríamos ante el primer caso en que se intenta aplicar esta norma a un exjefe de Estado".
Solicitud respaldada por múltiples organismos internacionales
La solicitud presentada por los abogados venezolanos está respaldada por informes de diversas organizaciones internacionales que han documentado patrones de violaciones de derechos humanos en Venezuela:
- Departamento de Estado de Estados Unidos
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- Misión Internacional de Determinación de los Hechos
Estos informes han documentado patrones de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas en Venezuela, proporcionando un sustento documental significativo para la solicitud de investigación.
Contexto internacional paralelo: Argentina también busca a Maduro
Este movimiento legal coincide temporalmente con la causa abierta en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal, que investiga a Maduro por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre ambos procesos:
- Argentina puede avanzar en la investigación incluso sin que Maduro se encuentre en territorio argentino y puede procesar un abanico más amplio de delitos internacionales.
- Estados Unidos solo puede actuar por el delito específico de tortura y únicamente si el acusado está físicamente presente en su territorio.
Los procesos podrían desarrollarse simultáneamente: los cargos por narcotráfico en Nueva York, una posible investigación por tortura si el Departamento de Justicia decide abrirla, y la solicitud de extradición presentada por Argentina contra Nicolás Maduro.
Plazos inciertos y posibles implicaciones políticas
No existen plazos determinados para que el Departamento de Justicia responda a la solicitud de investigación por tortura. Zambrano explicó que "no existe un tiempo determinado. Puede tardar meses. En un caso anterior que presentamos contra un coronel venezolano en Miami pasó aproximadamente un año antes de que nos contactara un agente federal".
Si finalmente se abre la investigación, el caso dejaría de ser exclusivamente un proceso por narcotráfico para convertirse en algo políticamente más devastador: un juicio en Estados Unidos por tortura bajo jurisdicción universal contra un exjefe de Estado.
Antecedentes inmediatos de la captura y situación procesal actual
Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero en Caracas por fuerzas militares estadounidenses y trasladado a Nueva York ese mismo día. También fue detenida su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron presentados ante un juez el 5 de enero, donde Maduro se declaró inocente de los cuatro delitos relacionados con narcoterrorismo que se le imputan.
En su declaración ante la corte, Maduro afirmó: "Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país". Cilia Flores también se declaró no culpable. Ambos deberán comparecer nuevamente ante el tribunal federal de Nueva York el próximo 26 de marzo.
El contraste entre los posibles resultados es significativo: mientras en el caso de Correa la sentencia alcanzó casi siete décadas de prisión, el propio estatuto estadounidense prevé penas aún más severas, incluida cadena perpetua o pena de muerte, cuando la tortura causa la muerte de la víctima.
