Informe global de Amnistía Internacional cuestiona efectividad de la 'paz total' en Colombia
El más reciente informe anual de Amnistía Internacional presenta un panorama crítico sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante el año 2025, destacando la persistencia de la violencia armada y múltiples violaciones al derecho internacional humanitario, a pesar de los esfuerzos de negociación con diversos grupos armados.
Negociaciones sin resultados tangibles
Valentina Ballesta, directora de investigación para las Américas de la organización, afirmó que "2025 fue un año especialmente doloroso para esta parte del mundo", refiriéndose específicamente a países como Colombia y Venezuela. El documento advierte que aunque continuaron los diálogos entre el Gobierno nacional y distintos grupos armados, los resultados fueron limitados y no se tradujeron en una reducción significativa del conflicto interno.
El Comité Internacional de la Cruz Roja alertó que, de mantenerse la tendencia actual, los indicadores humanitarios de 2025 podrían convertirse en los peores de la última década en territorio colombiano.
Graves violaciones documentadas
El organismo internacional detalla las principales afectaciones a la población civil durante el año pasado:
- Desplazamiento forzado que afectó principalmente al campesinado y poblaciones rurales, concentrando cerca del 90% de las víctimas según CODHES
- Reclutamiento de menores con 196 hechos relacionados con el conflicto armado que afectaron directamente a al menos 364.382 niños, niñas y adolescentes
- Uso de drones como nueva modalidad de ataque, donde diversos grupos armados aumentaron el empleo de estos dispositivos para realizar ataques con explosivos
- Estigmatización creciente contra personas defensoras de derechos humanos, con casos como el ataque a Yendri Velásquez, oficial de Amnistía Internacional, en Bogotá
Preocupaciones sobre la política de 'paz total'
Amnistía Internacional expresó especial preocupación por la política de "paz total", señalando que no se especificaron las garantías que tendrían las víctimas en las mesas de negociación. El informe resalta el aumento de los combates entre grupos armados no estatales, y entre estos y la Fuerza Pública, en un contexto marcado por continuas infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Avances limitados en justicia
En el ámbito judicial, el documento reconoce algunos avances en investigaciones por violaciones de derechos humanos durante protestas sociales, pero subraya que la impunidad persiste como patrón generalizado. Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió decisiones históricas por secuestros y ejecuciones extrajudiciales, el informe advierte sobre dificultades significativas en la implementación de sanciones restaurativas y la continuidad de la impunidad en casos de violencia policial.
Impacto diferenciado en poblaciones vulnerables
La crisis de derechos humanos afectó particularmente a mujeres y personas LGBTI, con cifras alarmantes de feminicidios y barreras en el acceso al aborto. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 609 casos, evidenciando la persistencia estructural de la violencia de género.
El sistema de asilo también mostró ser insuficiente para los más de 2,8 millones de venezolanos en Colombia, con modalidades de regularización migratoria temporales que resultaban inaccesibles para muchas personas y sin mecanismos de protección adecuados para quienes huían de Venezuela.
Contexto regional preocupante
El informe sitúa a Colombia dentro de un panorama regional complejo, donde la violencia armada y las violaciones a derechos humanos continúan siendo desafíos centrales para la estabilidad democrática. La organización hace un llamado urgente para que las negociaciones de paz incluyan garantías concretas para las víctimas y mecanismos efectivos de protección para la población civil.
