ONG denuncia casi un centenar de presos políticos en El Salvador bajo administración de Bukele
La organización humanitaria Cristosal ha emitido una grave advertencia: El Salvador habría regresado a una etapa de "presos políticos" que no se observaba desde el final de la guerra civil hace tres décadas. Durante la presentación de un informe exhaustivo sobre persecución política realizada en Guatemala, la oenegé reveló datos alarmantes sobre la situación en el país centroamericano.
Detenciones sistemáticas de críticos del gobierno
Según el detallado reporte de Cristosal, el gobierno de Nayib Bukele ha implementado una estrategia de criminalización penal como mecanismo de represión contra voces disidentes. Entre las 86 personas actualmente detenidas bajo esta categoría se encuentra la abogada Ruth López, quien se desempeñaba como jefa de la unidad anticorrupción de la misma organización.
La persecución se ha ensañado particularmente con:
- Defensores de derechos humanos comprometidos con causas sociales
- Periodistas independientes que cuestionan la gestión gubernamental
- Sindicalistas que defienden derechos laborales
- Ambientalistas que protegen recursos naturales
- Operadores de justicia que mantienen posturas críticas
Traslado forzado y acoso institucional
La situación se ha vuelto tan crítica que Cristosal debió trasladar su sede principal a Guatemala en julio pasado, después de denunciar acoso oficial sistemático por parte de las autoridades salvadoreñas. Este desplazamiento forzado refleja el clima de intimidación que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil.
Noah Bullock, director ejecutivo de la oenegé, fue categórico en su evaluación: "En el fondo del tan afamado modelo Bukele hay un régimen como tantos otros, una dictadura que mata, que tortura, que roba y que persigue". Esta declaración contrasta marcadamente con la narrativa oficial sobre éxitos en seguridad pública.
Mecanismos de control autoritario documentados
El informe técnico de Cristosal detalla minuciosamente cómo, desde que el oficialismo tomó control completo de las instituciones judiciales en 2021, se ha consolidado un sistema represivo que incluye:
- Amenazas directas e indirectas contra disidentes
- Estigmatización pública mediante campañas mediáticas
- Uso sistemático de la prisión preventiva como castigo anticipado
- Criminalización de la protesta y la crítica legítima
Aunque se han confirmado documentalmente 245 casos específicos de persecución política y siete condenas judiciales por estos motivos, la organización advierte que la cifra real podría ser considerablemente mayor, posiblemente alcanzando "muchos más" casos no documentados.
Contraste entre narrativas oficiales y denuncias
Mientras el gobierno central mantiene un silencio casi absoluto frente a estas graves acusaciones, el vicepresidente Félix Ulloa defendió recientemente en España la continuidad del régimen de excepción. Bajo este marco legal extraordinario, se han realizado aproximadamente 91.000 detenciones sin orden judicial previa desde la llegada de Bukele al poder.
Ulloa negó rotundamente la existencia de detenciones por motivos de opinión política, afirmando que "nada de eso ocurre" y que "el 97% de los salvadoreños quiere que continúe" el modelo actual debido a la reducción histórica en los índices de criminalidad violenta.
Sin embargo, para los investigadores de Cristosal, el aparente éxito en seguridad pública oculta una realidad mucho más compleja: miles de detenciones potencialmente arbitrarias de personas inocentes y graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos fundamentales. Esta situación se desarrolla bajo un mandatario que ha declarado públicamente no importarle ser calificado como "dictador" por sus críticos.
El informe concluye que los métodos empleados por el gobierno salvadoreño presentan preocupantes similitudes con regímenes autoritarios en Venezuela y Nicaragua, representando un retroceso democrático significativo para la región centroamericana.
