El caso de Catalina Giraldo: una batalla legal por el derecho a morir dignamente
En el corazón del debate sobre los derechos fundamentales en Colombia se encuentra el caso de Catalina Giraldo, una psicóloga bogotana de 30 años cuyo recorrido clínico ha puesto en evidencia las profundas contradicciones del sistema de salud colombiano. Su solicitud de asistencia médica al suicidio (AMS) ha llegado a la Corte Constitucional, donde podría establecer un precedente histórico para la aplicación práctica de este derecho, despenalizado desde 2022 pero sumido en la incertidumbre por falta de reglamentación.
Una trayectoria profesional truncada por la enfermedad mental
Catalina Giraldo construyó una carrera sólida en psicología clínica, dedicándose al trabajo con estudiantes y pacientes. Sin embargo, el deterioro progresivo de su salud mental la obligó a abandonar su empleo de tiempo completo hace aproximadamente cuatro años. Actualmente, ejerce de manera limitada en consulta privada, dependiendo completamente de las fluctuaciones de su condición médica, lo que ha transformado radicalmente su vida profesional y personal.
Historia clínica: una década de tratamientos sin mejoría
El cuadro clínico de Giraldo es descrito por especialistas como crónico y refractario, tras cerca de diez años de intervenciones médicas sin resultados sostenidos. Sus diagnósticos incluyen:
- Trastorno depresivo mayor severo y persistente
- Trastorno límite de la personalidad
- Trastorno de ansiedad no especificado
La psicóloga ha experimentado con aproximadamente 40 esquemas farmacológicos distintos, ha recibido tres ciclos de terapia electroconvulsiva entre 2021 y 2025, y probó terapia con ketamina en 2025, sin lograr mejoría clínica duradera. Desde 2020, ha requerido alrededor de nueve hospitalizaciones psiquiátricas por crisis agudas, evidenciando la gravedad de su condición.
El vacío normativo que impide ejercer un derecho
Durante más de un año, Catalina Giraldo ha solicitado formalmente acceso a la asistencia médica al suicidio, presentando en octubre de 2025 una petición que fue negada por la EPS Sanitas. La razón fundamental: la ausencia de reglamentación específica que guíe a las instituciones de salud en estos procedimientos. Este punto constituye el núcleo de la controversia jurídica actual.
Aunque la jurisprudencia constitucional despenalizó la AMS en 2022, la falta de normativa clara ha creado lo que expertos denominan un "vacío normativo", donde un derecho reconocido legalmente no puede ejercerse en la práctica. Un juez declaró improcedente la tutela presentada por Giraldo por cuestiones procesales, dejando sin resolver aspectos cruciales sobre la vulneración de derechos fundamentales y la responsabilidad estatal en la regulación.
La Corte Constitucional: definiendo el futuro del derecho a morir dignamente
El caso ahora se encuentra en manos de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre si la ausencia de reglamentación puede impedir legítimamente la aplicación de un derecho reconocido. La decisión tendrá implicaciones que trascienden el caso individual de Catalina Giraldo, estableciendo criterios para el alcance real del derecho a morir dignamente en Colombia y la obligación del Estado de garantizar su ejercicio efectivo.
Organizaciones como DescLab han destacado que la situación de Giraldo no responde a falta de atención médica, sino a una condición donde los tratamientos disponibles han demostrado ser insuficientes. Sus síntomas incluyen insomnio persistente, deterioro cognitivo, agotamiento físico severo y efectos secundarios debilitantes de la medicación, configurando un cuadro clínico de extrema complejidad.
La decisión de la Corte Constitucional marcará un hito en la discusión sobre autonomía personal, derechos fundamentales y las obligaciones del sistema de salud colombiano frente a condiciones médicas complejas y refractarias.
