Diputado chavista reconoce limitaciones en la Ley de Amnistía venezolana
El diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la Ley de Amnistía en Venezuela, admitió públicamente este martes que "es imposible" que este instrumento jurídico pueda cubrirlo "todo". A pesar de esta limitación, Arreaza defendió la ley como un "gran paso" hacia la resolución de situaciones judiciales pendientes en el país.
Exclusiones y casos pendientes
Durante una entrevista radial con el periodista Román Lozinski, transmitida en YouTube, Arreaza explicó que la ley especifica la amnistía para 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye automáticamente a varios presos políticos, entre ellos numerosos militares. Esta exclusión significa que la legislación no cubre todo el período comprendido entre 1999 y 2026, como se había planteado inicialmente.
Consultado específicamente sobre los excluidos de la ley, el también excanciller respondió que "no se le puede dar el beneficio a todos", pero añadió que se van a "evaluar otros casos" desde "el espíritu de la amnistía". Sobre los militares detenidos, Arreaza aseguró que "la Justicia militar está trabajando y va a anunciar sus medidas", aunque no proporcionó detalles concretos.
Cifras contradictorias sobre liberaciones
Según datos proporcionados por el propio Arreaza el lunes, un total de 2.021 personas han sido excarceladas con medidas cautelares, mientras que 177 presos han sido beneficiados directamente por la Ley de Amnistía. Sin embargo, estas cifras contrastan con las verificadas por la ONG Foro Penal.
La organización no gubernamental ha documentado:
- 109 liberaciones plenas desde el 20 de febrero (un día después de la aprobación de la ley) hasta este martes
- 545 excarcelaciones totales desde el 8 de enero, cuando las autoridades anunciaron la liberación de un "número importante" de personas
- Aproximadamente 185 militares detenidos entre los más de 600 presos políticos que existen en Venezuela según sus registros
Polémica sobre la ley contra el odio
Durante la misma entrevista, Arreaza reconoció que la ley contra el odio -vigente desde 2017 y que establece penas de hasta 20 años de cárcel- se ha aplicado "a veces muy bien y a veces muy mal". Varias organizaciones no gubernamentales habían solicitado la derogación de esta ley dentro del marco de la amnistía, mencionando casos específicos de personas arrestadas "por unos mensajes en su teléfono".
El diputado fue enfático al señalar que "no hay derecho a revisar el teléfono en una alcabala" (control policial en vías terrestres), pero simultáneamente defendió la legislación argumentando que ha "salvado la vida" de otras personas que recibieron amenazas de muerte. Citó como ejemplo supuestos mensajes que llamaban al linchamiento de simpatizantes chavistas.
Perspectivas de liberaciones inmediatas
Arreaza, quien niega consistentemente la existencia de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, manifestó su creencia de que esta semana saldrán en libertad los "políticos presos" registrados por organizaciones de derechos humanos, la Fiscalía y el sistema penitenciario venezolano. Esta declaración genera expectativas sobre posibles avances en el proceso de liberaciones, aunque el diputado no especificó números concretos ni plazos definitivos.
La situación continúa siendo monitoreada tanto por organizaciones internacionales como por grupos de derechos humanos locales, quienes mantienen presión para que la amnistía sea más comprehensiva y abarque a todos los presos políticos sin exclusiones basadas en fechas o categorías específicas.
