La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la situación de la libertad de prensa en Colombia, señalando que declaraciones del presidente Gustavo Petro y presiones en los medios públicos podrían derivar en censura. En su más reciente Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el organismo detalla varios riesgos, como la posible cercanía entre los medios públicos y el Gobierno, los señalamientos contra periodistas que alimentan la idea de que unos medios actúan como voceros oficiales mientras otros responden a intereses económicos, y el uso de la publicidad estatal con criterios políticos que podría influir en la cobertura informativa y promover la autocensura.
Estigmatización y riesgos para la prensa
La Relatoría Especial compiló denuncias de asesinatos, atentados y amenazas contra periodistas, especialmente en zonas con presencia de grupos armados. Advirtió que las mujeres periodistas continúan siendo blanco de ataques con componentes de violencia de género. Además, señaló que se están usando procesos judiciales como forma de presión para silenciar a quienes investigan temas de interés público. No obstante, la CIDH destaca algunos avances en decisiones judiciales para investigar crímenes contra la prensa y proteger a las periodistas, así como fallos del Consejo de Estado que fortalecen el acceso a la información y decisiones de la Corte Constitucional sobre moderación de contenidos e internet.
Presiones en RTVC y falta de pluralismo
La relatoría advierte sobre una creciente estigmatización de la prensa por parte de funcionarios públicos. También plantea la incorporación de creadores de contenido o influencers en espacios de opinión y análisis sin garantías de transparencia. En ese contexto, la Relatoría Especial recibió reportes sobre presuntas presiones en RTVC para modificar, eliminar o abstenerse de publicar contenidos críticos al Gobierno u opositores, así como sobre salidas reiteradas de directivos y periodistas y posibles vetos a figuras críticas, lo que podría afectar el pluralismo informativo.
La CIDH también recoge las denuncias sobre declaraciones del director de RTVC, Hollman Morris, que estarían dirigidas a deslegitimar a medios y periodistas que informan sobre la situación interna de la entidad. Más de 100 periodistas, abogadas y líderes de opinión presentaron una carta abierta pidiendo que cesen los ataques contra quienes hablan de las denuncias de violencia de género que responsabilizan presuntamente a Morris, así como de los posibles casos de acoso laboral dentro de RTVC. La relatoría hace referencia a que las decisiones sobre la gestión, financiamiento y operación de los medios públicos deben adoptarse con transparencia y mediante procedimientos que aseguren la participación de distintos sectores de la sociedad, resguardando su autonomía editorial y evitando su utilización como instrumentos de comunicación o propaganda.
Acoso judicial y desprestigio
Otro punto que toca la relatoría es la estigmatización a periodistas que lleva a censura por parte de funcionarios públicos. Principalmente el Presidente de la República ha calificado a ciertos medios y periodistas como desinformadores, mentirosos, criminales, vagabundos, cooptados, de oposición u oligárquicos, entre otros, con el aparente propósito de desacreditar su labor y justificar represalias. La CIDH advierte de riesgos puntuales para las mujeres periodistas, que siguen siendo objeto de ataques en entornos digitales que comprometen su seguridad e integridad, muchos con un claro componente de violencia de género. Estas agresiones tienen como efecto acallar sus voces y restringir su participación en el debate público.
La Relatoría Especial indicó que los discursos oficiales que desacreditan a la prensa, al tildar su trabajo de mentiras o noticias falsas, no solo aumentan la polarización y deterioran el debate público, sino que también pueden intensificar la hostilidad y la intolerancia en distintos sectores de la sociedad. Otro patrón que señala la CIDH es el uso de procesos judiciales contra periodistas que investigan temas de interés público, como corrupción, con el aparente fin de intimidarlos y frenar su trabajo. El informe menciona casos de comunicadores enfrentando multas, órdenes de arresto e incluso el exilio, como el de la periodista Lorena Beltrán, quien afronta varias tutelas de parte de médicos por sus reportajes sobre presuntas irregularidades en la obtención de títulos profesionales que les permiten hacer cirugías plásticas. La Corte Interamericana ha advertido sobre las llamadas demandas estratégicas (SLAPP), usadas para silenciar críticas más que para buscar rectificaciones, y que constituyen una amenaza a la libertad de expresión.
Alertas sobre presiones de grupos armados
El capítulo dedicado a Colombia subraya que el ejercicio periodístico enfrenta riesgos significativos, especialmente en territorios donde hay presencia de grupos armados. En estas zonas, los comunicadores no solo lidian con limitaciones de acceso a la información, sino también con amenazas a su seguridad, lo que impacta directamente el derecho de la ciudadanía a estar informada. La Relatoría también hizo énfasis en el deterioro del ambiente para el debate público, al advertir que los discursos estigmatizantes pueden aumentar la vulnerabilidad de los periodistas y generar un efecto inhibidor en la cobertura de temas sensibles. Según el organismo, este tipo de señalamientos desde el poder público contribuye a deslegitimar la labor de la prensa y puede derivar en mayores riesgos.
En síntesis, la Relatoría concluye que, pese a los retos en materia de libertad de prensa, Colombia aún cuenta con instituciones y contrapesos que buscan proteger la libertad de prensa y el derecho a la información.
