Coalico alerta sobre crisis humanitaria: 30.898 niños desplazados y reclutamiento digital en Colombia
Coalico: 30.898 niños desplazados y reclutamiento digital en Colombia

Coalico denuncia crisis humanitaria creciente con 379.524 niños afectados por el conflicto armado

En el marco del Día Internacional de las Manos Rojas, celebrado este 12 de febrero, la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) ha emitido un alarmante informe que revela la persistencia y transformación de la violencia contra la niñez en contextos de conflicto armado. La plataforma de organizaciones advierte que "Colombia vive hoy una crisis humanitaria en ascenso", caracterizada por un aumento en eventos violentos y nuevas modalidades de captación que dificultan la prevención institucional.

Cifras alarmantes: 292 eventos documentados en 2025

Según el registro detallado de Coalico, durante el año 2025 se documentaron 292 eventos asociados directamente al conflicto armado, los cuales afectaron de manera directa a 379.524 niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional. De manera particularmente preocupante, 99 de estos eventos correspondieron específicamente a la vinculación de menores, con 317 víctimas directas registradas.

La distribución de estas violaciones incluye:

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  • 85 eventos de reclutamiento con 226 víctimas
  • 9 eventos de uso con 37 víctimas
  • 2 eventos de utilización con 4 víctimas
  • 3 eventos de campañas cívico-militares con 50 víctimas

Departamentos más afectados y nuevas dinámicas territoriales

Los territorios que presentaron el mayor número de víctimas registradas fueron Norte de Santander con 45 casos, seguido por Caquetá con 41 y Guaviare con 34. Estas regiones se caracterizan por la intensa disputa armada, la presencia de economías ilegales y un notable debilitamiento de las garantías institucionales para la protección de la niñez.

Coalico enfatiza que estas cifras "no solo revelan masividad: revelan una profundización del control armado, una ruptura del tejido familiar y una niñez creciendo entre el miedo y la incertidumbre". A diferencia de momentos anteriores del conflicto marcados principalmente por desplazamientos masivos, el documento describe comunidades que permanecen forzadamente en sus territorios bajo la presencia constante de actores armados.

Confinamiento y desplazamiento: patrones que limitan derechos fundamentales

La coalición registró durante 2025 más de 220.813 niños y niñas confinados y sometidos a bloqueos en sus territorios, además de 30.898 desplazados por la violencia. Este patrón de confinamiento territorial implica interrupciones prolongadas de la vida cotidiana y limita severamente el acceso a servicios esenciales como educación, salud y protección estatal.

El encierro territorial incrementa peligrosamente la exposición a riesgos de vinculación armada, ya que reduce drásticamente las alternativas de protección y salida para niños y adolescentes atrapados en estas zonas de conflicto.

Reclutamiento digital: la nueva frontera de la captación

Coalico describe una preocupante mutación en los mecanismos de reclutamiento, que ahora incluyen plataformas digitales como TikTok, WhatsApp y otras redes sociales. Los actores armados utilizan "ofertas engañosas, presión comunitaria y manipulación emocional" para captar menores, una denuncia que ha sido respaldada por otras organizaciones como la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, la coalición también advierte sobre prácticas menos visibles pero igualmente graves: "Persisten violencias invisibilizadas como el uso de niñas en parejas forzadas, la violencia sexual encubierta y el reclutamiento silencioso". A esto se suman movimientos entre regiones que complican la reacción de las autoridades, incluyendo traslados de niñas y niños reclutados entre departamentos como Chocó, Cauca, Guaviare y Putumayo que dificultan enormemente su búsqueda y rescate.

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Vulnerabilidad del sistema educativo: ataques y ocupaciones

Otra de las principales preocupaciones documentadas por Coalico es "la creciente vulnerabilidad del sistema educativo" colombiano. En 2025, se registraron ataques y ocupaciones de escuelas que afectaron a 9.471 personas, incluyendo estudiantes, docentes y personal administrativo.

Entre los hechos más graves destacados está un ataque con drones en Cajibío, Cauca, que confinó a más de 840 niñas y niños por más de doce horas. El uso de este tipo de tecnología en acciones armadas cerca de instituciones educativas marca un cambio significativo en el riesgo operativo para comunidades educativas enteras.

La alerta se extiende incluso a la educación superior: "las universidades —a las que muchos jóvenes ingresan siendo aún menores de edad— también están siendo permeadas por amenazas, presencia de actores armados e intentos de captación", concluyendo que "la educación superior dejó de ser un entorno seguro por defecto" en muchas regiones del país.

Debilidades institucionales y llamado a la acción

Sobre el papel del Estado colombiano, Coalico advierte que persisten "debilidades persistentes en la capacidad del Estado para prevenir y responder de manera integral a estas violaciones". Entre los problemas identificados se encuentran:

  1. La insuficiente articulación intersectorial entre instituciones
  2. El funcionamiento irregular de los mecanismos locales de prevención y atención
  3. La limitada presencia estatal en territorios altamente afectados por el conflicto
  4. La falta de enfoques diferenciados según las particularidades de cada región y comunidad

El llamado de Coalico en este Día de las Manos Rojas es unirse en una sola voz para "nunca más, niñas, niños y adolescentes en la guerra". La coalición subraya que "garantizar sus derechos es una obligación jurídica del Estado y una condición indispensable para la paz, la democracia y la vigencia plena de los derechos humanos en Colombia".

Finalmente, la organización resume su enfoque en una idea de futuro contundente: "Proteger a la niñez y la adolescencia es procurar la paz y cuidar la vida y el futuro de Colombia", haciendo un llamado urgente a todas las instituciones y a la sociedad civil para priorizar la protección integral de los menores en medio del conflicto armado.