Defensoría del Pueblo alerta sobre grave crisis humanitaria en zona rural de Aracataca
La Defensoría del Pueblo manifestó su profunda preocupación por la delicada situación humanitaria que enfrentan las comunidades campesinas de la vereda La Fuente, ubicada en el corregimiento Cerro Azul, en la zona rural del municipio de Aracataca. Esta alerta se produce tras recientes enfrentamientos armados que, aunque han cesado temporalmente, han dejado a la población civil en una situación de alto riesgo y vulnerabilidad extrema.
Comunidades en peligro y desplazamiento forzado
Aunque hasta el momento no se han reportado víctimas civiles fatales, la Defensoría advirtió que los habitantes continúan expuestos a múltiples amenazas. Estas incluyen la presencia constante de actores armados y la posible existencia de artefactos explosivos en las inmediaciones de sus viviendas, lo que representa un peligro latente para su seguridad e integridad física.
En el marco del Comité de Justicia Transicional, se confirmó el desplazamiento forzado de al menos 46 familias, equivalentes a 172 personas. Entre los afectados se encuentran:
- 63 niños, niñas y adolescentes
- Personas mayores y mujeres en estado de vulnerabilidad
- Familias completas que han perdido sus medios de subsistencia
Además, se reporta que otras familias han salido hacia municipios vecinos en busca de protección, mientras que quienes permanecen en la vereda enfrentan restricciones severas a la movilidad debido a la presunta presencia de grupos armados en la zona.
Violaciones al Derecho Internacional Humanitario
Según documentación de la Defensoría del Pueblo, se han denunciado prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario, que incluyen:
- Retención ilegal de teléfonos celulares a la población civil
- Limitación arbitraria en el ingreso de alimentos y mercados básicos
- Restricción total de medios de transporte, incluidas motocicletas
- Impedimento al libre tránsito por las vías principales
Las familias que lograron desplazarse hacia el casco urbano de Aracataca enfrentan una situación igualmente crítica, ya que no han recibido la atención humanitaria inmediata a la que tienen derecho, lo que agrava su condición de vulnerabilidad y pone en riesgo su supervivencia básica.
Riesgo advertido y contexto del conflicto
La Defensoría recordó que estos hechos representan la consumación del riesgo advertido mediante la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, emitida específicamente para señalar un riesgo alto en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia. El escenario de violencia se configuró por la intensa disputa territorial entre:
- Las autodenominadas Conquistadoras de la Sierra (ACSN)
- El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)
Esta confrontación armada ha generado graves afectaciones a la población civil y ha profundizado la crisis humanitaria en toda la región, con consecuencias que trascienden el ámbito local y requieren atención nacional urgente.
Llamados urgentes a las autoridades
La Defensoría instó a las entidades del orden nacional y territorial a implementar de manera inmediata e integral las recomendaciones de la Alerta Temprana y su plan de acción correspondiente, con el objetivo fundamental de prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos. Entre las solicitudes específicas se encuentran:
- Activación inmediata del Plan de Contingencia municipal
- Solicitud de apoyo a la Gobernación y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
- Refuerzo de la atención integral a niños, niñas y adolescentes por parte del ICBF
- Adopción de medidas de protección civil por parte de la Fuerza Pública
A la Fuerza Pública se le solicitó adoptar todas las medidas necesarias, en estricto respeto del Derecho Internacional Humanitario, para proteger a la población civil, prevenir nuevas afectaciones y evitar la intensificación de la crisis. Esto incluye coordinar acciones para la recuperación y tratamiento digno de cuerpos, así como adelantar procesos de descontaminación de restos de munición y artefactos explosivos, priorizando las zonas de tránsito y permanencia de la comunidad.
Exigencia a grupos armados
La entidad exhortó a los grupos armados con presencia en el territorio a respetar los compromisos asumidos con el Gobierno Nacional en el marco de los espacios sociojurídicos de diálogo y reducción de violencia. Se subrayó que estos compromisos deben traducirse en conductas inmediatas, reales y verificables, y en la observancia estricta del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo el principio de distinción y la prohibición absoluta de afectar bienes y personas protegidas.
La situación en Aracataca representa un llamado de atención urgente sobre la persistencia del conflicto armado en regiones históricamente afectadas por la violencia, y la necesidad de respuestas institucionales coordinadas y efectivas para proteger a las comunidades más vulnerables del país.
