Defensoría del Pueblo alerta sobre crisis humanitaria en el sur de Bolívar por violencia y fallas en servicios
La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta urgente ante la grave crisis humanitaria que afecta a las comunidades del sur de Bolívar, donde se registra un aumento significativo de homicidios, combates entre grupos armados y fallas críticas en servicios públicos esenciales.
Visita de la defensora y diagnóstico de la situación
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, realizó una visita a la subregión para constatar de primera mano las afectaciones que enfrentan las comunidades. Durante encuentros con líderes sociales, organizaciones de pescadores, campesinos y autoridades territoriales, Marín documentó el deterioro acelerado de las condiciones de seguridad y la garantía de derechos fundamentales en varios municipios.
"Los riesgos para las comunidades no son solamente en seguridad, también en garantía de derechos", afirmó la defensora, quien reiteró la necesidad de medidas inmediatas y efectivas por parte de las autoridades nacionales, departamentales y municipales.
Violencia armada y control territorial
En materia de seguridad, la Defensoría alertó sobre:
- Aumento de homicidios: 40 casos registrados durante 2025 y 18 en lo corrido de 2026.
- Amenazas contra líderes sociales, extorsiones reiteradas y restricciones a la movilidad impuestas por actores armados.
- Presencia predominante del Clan del Golfo en municipios como San Martín de Loba, El Peñón, Barranco de Loba, Altos del Rosario, Tiquisio y San Jacinto del Cauca.
- Indicios de presencia intermitente del ELN, lo que incrementa el riesgo de enfrentamientos en el territorio.
Crisis ambiental y alimentaria
La Defensoría también hizo seguimiento al cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional sobre protección ambiental del agua y comunidades de pescadores del Complejo Cenagoso de Cascaloa. Contrario a lo ordenado, se evidencian graves afectaciones al ecosistema:
- Disminución del 90% en la actividad pesquera.
- Riesgo para la seguridad alimentaria de aproximadamente 12 comunidades (26.000 personas) que dependen del complejo cenagoso.
Colapso de servicios públicos
La crisis se extiende a servicios básicos esenciales:
- Más de 60.000 personas afectadas por fallas constantes en el servicio de energía eléctrica, con interrupciones de hasta seis horas diarias.
- Deficiencias en infraestructura educativa, déficit de docentes y limitaciones en el acceso a educación superior.
- Barreras de acceso a salud por alta ruralidad, congestión hospitalaria y deudas acumuladas de las EPS superiores a 100.000 millones de pesos.
- Entre 2023 y 2025 se registraron 6.316 quejas por fallas en salud, principalmente por falta de medicamentos, demoras en autorizaciones y dificultades en traslados.
Preocupaciones adicionales
Durante su visita, la defensora Marín también expresó preocupación por:
- Bajo interés en elecciones de Juntas de Acción Comunal debido al incremento de riesgos y falta de garantías para el liderazgo comunitario.
- Crisis carcelaria en centros de detención transitoria, con niveles de hacinamiento de hasta 400% como en la Estación de Policía La Esmeralda de Magangué, donde 66 personas están recluidas en un espacio para 12.
Llamado urgente a las instituciones
Finalmente, la defensora Iris Marín Ortiz reiteró el llamado urgente a las instituciones para fortalecer su presencia en el territorio y adoptar medidas integrales que permitan atender la crisis social, ambiental y de seguridad que enfrenta la subregión. La situación requiere una respuesta coordinada y efectiva para proteger los derechos fundamentales de miles de colombianos en el sur de Bolívar.
