Fundación WWB Colombia presenta hoja de ruta para autonomía económica femenina
En vísperas de la conformación del nuevo Congreso de la República, organizaciones sociales alzan la voz con propuestas concretas para la agenda legislativa. La Fundación WWB Colombia, con casi una década de trabajo en derechos femeninos e inclusión laboral, ha publicado un informe contundente que exige al Estado y a la sociedad civil apostar decididamente por la equidad de género y la autonomía financiera de las mujeres.
Desigualdades estructurales que limitan el desarrollo
"Colombia enfrenta desafíos estructurales que condicionan su productividad y crecimiento a largo plazo, especialmente las desigualdades en acceso a empleo, ingresos y activos que afectan a las mujeres", señala el documento. Según la organización, la ausencia de autonomía económica constituye una barrera que impide romper ciclos de violencia y pobreza.
Daniela Konietzko, presidenta de la Fundación, revela cifras alarmantes: las mujeres trabajan jornadas de aproximadamente 14 horas diarias, pero solo perciben ingresos que remuneran el 39% de ese tiempo. Aunque el 76% de estos trabajos son considerados "económicamente inactivos", en la práctica sostienen economías familiares y comunitarias.
"Por cada 100 pesos que vende un emprendimiento liderado por un hombre, los de las mujeres difícilmente llegan a 60 pesos", destaca Konietzko, evidenciando brechas profundas que requieren intervención estatal urgente.
Decálogo de recomendaciones para transformar realidades
El informe, disponible públicamente, plantea diez estrategias concretas dirigidas a círculos de poder nacionales y locales, sociedad civil y organizaciones de igualdad:
- Formalización con sentido social: Implementar esquemas progresivos sin costos y trámites simplificados para micronegocios de subsistencia, articulándolos a asistencia técnica y oportunidades de mercado.
- Titulación con enfoque de género: Acelerar entrega de títulos conjuntos y preferenciales para mujeres rurales, usando la propiedad de la tierra como respaldo para crédito formal.
- Compras públicas y redes de valor: Consolidar circuitos de comercialización que integren obligatoriamente micronegocios liderados por mujeres en cadenas de abastecimiento estatal y corporativo.
- Servicios de cuidado sincronizados: Ampliar oferta de centros de atención para infancia, adultos mayores y personas con discapacidad, con horarios alineados a jornadas laborales femeninas.
- Reconocimiento del cuidado comunitario: Destinar recursos para que el Estado remunere y certifique el cuidado comunitario y ancestral, especialmente en territorios con baja presencia institucional.
- Historial crediticio alternativo: Aprovechar información transaccional del sistema financiero para construir perfiles de crédito que reflejen capacidad real de pago de mujeres, reduciendo sesgos algorítmicos.
- Coberturas frente a riesgos climáticos: Ampliar líneas de crédito con pagos ajustados a ciclos productivos y microseguros sociales de bajo costo para proteger patrimonio de emprendedoras.
- Salud sexual con enfoque territorial: Invertir en infraestructura sanitaria en zonas dispersas que dialogue con saberes locales y reconozca autonomía reproductiva como condición para romper ciclos de pobreza.
- Reducción de precios en medicamentos clave: Implementar mecanismos regulatorios y compras estratégicas para bajar costos y asegurar disponibilidad de medicamentos de salud sexual y reproductiva.
- Higiene menstrual en respuesta humanitaria: Incorporar estos insumos en kits de emergencia para garantizar dignidad y continuidad del cuidado en contextos de crisis.
Sistemas de información y llamado a la acción
Para asegurar implementación efectiva, el documento propone desarrollar sistemas de información sobre autonomía económica que incorporen variables de género, etnia y territorio. "La autonomía económica es una condición estructural para el desarrollo sostenible. Cuando una mujer fortalece su capacidad productiva y financiera, amplía su poder de decisión y fortalece la estabilidad de su entorno", concluye Konietzko.
Con más de 27 millones de mujeres viviendo en Colombia, estas recomendaciones buscan transformar realidades históricas de desigualdad, posicionándose como prioridad ineludible para quienes ocuparán escaños legislativos y la Presidencia en el próximo periodo.
