Denuncias de acoso sexual sacuden al Instituto INCIVA en el Valle del Cauca
Un grupo de trabajadoras del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (INCIVA) ha alzado la voz para denunciar ser víctimas de acoso sexual dentro de la entidad, específicamente en sus sedes ubicadas en los municipios de Tuluá y Cali. Los relatos, que han comenzado a circular públicamente, detallan situaciones de hostigamiento que, según las afectadas, han sido ignoradas o minimizadas por las directivas, generando un ambiente laboral tóxico y de inseguridad.
Detalles de las acusaciones y el impacto en las empleadas
Las denunciantes, cuyas identidades se mantienen en reserva por temor a represalias, describen comportamientos inapropiados que incluyen comentarios de connotación sexual, insinuaciones no deseadas y, en algunos casos, tocamientos no consentidos. Estas acciones, alegan, provienen de compañeros de trabajo y, en ciertas instancias, de superiores jerárquicos. El acoso se habría extendido por un período prolongado, afectando la salud mental y el bienestar de las mujeres involucradas, quienes reportan ansiedad, estrés y una disminución en su desempeño laboral.
Además, las trabajadoras señalan que, al intentar reportar estos incidentes a través de los canales internos establecidos, se encontraron con una falta de respuesta efectiva por parte de la administración del INCIVA. Según sus testimonios, las quejas fueron archivadas sin una investigación profunda o, en el mejor de los casos, derivadas a procesos burocráticos que no condujeron a sanciones concretas para los presuntos agresores.
Respuesta institucional y llamado a la acción
Ante la presión pública, representantes del INCIVA han emitido declaraciones iniciales en las que aseguran tomar las denuncias con seriedad y comprometerse a iniciar una investigación exhaustiva. Sin embargo, las afectadas exigen medidas más contundentes, como la implementación de protocolos claros contra el acoso sexual, capacitaciones obligatorias para todo el personal y la creación de un comité independiente que garantice la confidencialidad y la imparcialidad en el manejo de los casos.
Organizaciones de derechos humanos y grupos feministas en la región han expresado su solidaridad con las trabajadoras, recordando que el acoso sexual en el ámbito laboral es una violación grave a los derechos fundamentales, tipificada en la legislación colombiana. Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres en entidades públicas, especialmente en sectores como la cultura y el patrimonio, donde su participación es crucial.
La situación en el INCIVA refleja un problema más amplio en Colombia, donde, según estadísticas, una de cada tres mujeres ha experimentado acoso en su lugar de trabajo. Las denuncias en Tuluá y Cali sirven como un llamado de atención para que otras instituciones revisen sus políticas internas y promuevan ambientes laborales seguros y respetuosos.
