Denuncian cobros ilegales en tribunales venezolanos por amnistía de presos políticos
Familiares de presos políticos en Venezuela han presentado este martes una grave denuncia contra varios tribunales del país, acusándolos de exigir pagos en dólares y materiales de oficina como condición para entregar las notificaciones que otorgan la libertad plena a sus allegados. Esta situación se produce en el marco de la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento venezolano el pasado 19 de febrero.
La ley de amnistía y sus limitaciones
El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una histórica Ley de Amnistía que cubre procesos de presos políticos desde 1999 hasta 2026. Sin embargo, esta legislación presenta importantes restricciones:
- Se aplica específicamente a 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos
- Excluye el resto del período establecido en la ley
- No cubre casos relacionados con operaciones militares
Además, se creó una comisión especial para revisar casos "no contemplados" en la normativa, lo que ha generado expectativas entre las familias afectadas.
Las exigencias de los tribunales
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad, organización constituida por detenidos en protestas contra la reelección de Nicolás Maduro en 2024, ha denunciado públicamente que los Tribunales Primero, Segundo y Tercero con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo están exigiendo:
- Resmas de papel
- Cajas de bolígrafos
- Pagos en dólares en efectivo
"Los tribunales tienen la obligación de entregar la copia de la decisión de amnistía sin costo alguno. Este documento es indispensable para eliminar antecedentes y registros policiales relacionados con los hechos amnistiados", señaló el comité en un comunicado.
La difícil situación de las familias
Las familias afectadas enfrentan una situación particularmente difícil, ya que muchas no cuentan con recursos para cubrir estos "cobros ilegales". El comité recordó que numerosos integrantes ya habían realizado grandes esfuerzos económicos para costear los traslados hacia las cárceles donde se encontraban sus parientes detenidos, la mayoría ubicadas lejos de sus estados de residencia.
"La justicia es un derecho constitucional, no una mercancía", añadió la organización, subrayando el carácter gratuito que debería tener este proceso judicial.
Llamado a las autoridades
Ante esta situación, las madres han instado a la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional y al Programa de Convivencia y Paz del Gobierno venezolano a que:
- Constaten la veracidad de sus denuncias
- Exijan a las autoridades judiciales cumplir con sus obligaciones
- Eviten la solicitud de "pagos arbitrarios"
Avances y cifras del proceso de amnistía
Pese a estas denuncias, los familiares también reconocieron que el proceso de amnistía "se ha dado con mucha celeridad" y que durante sus visitas a los tribunales, muchos se han encontrado con la "grata noticia" de que el trámite ya había sido solicitado por autoridades como la Fiscalía y defensores públicos.
Según cifras oficiales proporcionadas por el presidente de la comisión parlamentaria, el chavista Jorge Arreaza, la Justicia venezolana ha otorgado hasta ahora 6.071 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía, la gran mayoría a personas con medidas cautelares.
Por su parte, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, está verificando la cantidad de liberados tras la amnistía y cifró en 568 el total de detenidos por motivos políticos en el país hasta el jueves pasado.
Esta situación pone en evidencia las complejidades de implementación de la ley de amnistía en Venezuela, donde las familias de presos políticos enfrentan no solo las consecuencias de la detención de sus seres queridos, sino también obstáculos burocráticos y económicos para acceder a los beneficios que la legislación promete.
