Desapariciones forzadas en Venezuela: el crimen que la Ley de Amnistía no aborda
En Venezuela, las recientes excarcelaciones de presos políticos contrastan dramáticamente con las denuncias de desaparición forzada que permanecen sin respuesta en el sistema de justicia. Mientras cientos de personas han sido liberadas en las últimas semanas, familiares y organizaciones de derechos humanos advierten que aún persisten casos de desaparición cuyo paradero sigue siendo desconocido, creando una herida abierta en la sociedad.
Excarcelaciones vs. desapariciones: una paradoja preocupante
Según el más reciente balance de la ONG Foro Penal, desde el pasado 8 de enero se han contabilizado más de 670 excarcelaciones en diversos centros de reclusión del país por razones políticas. Este flujo de liberaciones, impulsado en parte por la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada el 18 de enero, ha permitido que cientos de personas se reencontraran con sus familias.
Sin embargo, detrás de estas cifras de libertad persiste una interrogante que las organizaciones de derechos humanos califican como "una herida abierta": el destino de quienes han sido víctimas de desaparición forzada. En estos casos, no existe registro de ingreso en centros de detención oficiales, no hay acceso a defensa privada y las autoridades niegan tener conocimiento de su paradero.
Casos emblemáticos y la lucha de las familias
Entre los nombres que salen a relucir figuran Esneider y Elieser Vergel, desaparecidos desde 2015; Alcedo Mora, también desaparecido en 2015; Hugo Marino, en 2019; y Víctor Quero, en 2025. La madre de Víctor Quero, Carmen Teresa Navas, se ha convertido en una voz fuerte que exige el retorno de su hijo.
La mujer de 81 años asegura que su hijo es un preso político del régimen venezolano. Según el relato de la madre, Quero fue detenido el 1 de enero de 2025 en Caracas, a media cuadra de la Vicepresidencia, por supuestos funcionarios vinculados a un policía con quien Carmen asegura que su hijo tuvo un conflicto personal.
La mujer asegura que su hijo está detenido por razones políticas, pero desconoce su paradero, pese a haber acudido a todas las instituciones del Estado sin obtener respuesta. Quero participa en las vigilias y manifestaciones que se realizan en Caracas en favor de los presos políticos. También recorre de forma constante distintos centros de reclusión en busca de información, pero no obtiene respuesta.
Denuncias de atropellos y falta de transparencia
Organizaciones nacionales e internacionales han instado al Estado a publicar un registro transparente y unificado de todas las detenciones realizadas bajo operativos especiales. Para las familias de los desaparecidos, las excarcelaciones reportadas por el Foro Penal son una esperanza de ver a sus familiares, pero la falta de información oficial mantiene a cientos en el limbo.
Por casi dos meses, los familiares de los presos políticos se han mantenido en vigilia a las afueras de algunos centros de reclusión, como ha sido el caso de la llamada Zona 7. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció que los policías tendrían la intención de ordenar el retiro de las carpas donde acampan los familiares.
"El desmantelamiento del campamento de familiares en Boleíta sería ejecutado por efectivos de orden público de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Esto pese a que aún pernoctan en el lugar personas que esperan la libertad de sus seres queridos", indicó la ONG. Asimismo, sostuvo que la acción se produciría tras la disminución del número de familias en la zona.
Expertos legales señalan limitaciones de la Ley de Amnistía
Expertos legales señalan que, aunque la Ley de Amnistía ha beneficiado a un grupo considerable, no puede ser utilizada para ignorar casos de detenciones arbitrarias que terminaron en desapariciones. La pregunta "¿Qué pasa con aquellos de quienes nadie sabe nada?" resuena entre familiares de estos presos, evidenciando las graves fallas en el sistema de justicia venezolano.
Las desapariciones forzadas en Venezuela representan un crimen que la Ley de Amnistía no aborda, dejando a cientos de personas en el limbo y exigiendo una respuesta clara de las autoridades. Mientras las excarcelaciones avanzan, la justicia para las víctimas de desaparición sigue siendo una deuda pendiente.
