Economías criminales despojan territorios indígenas en la cuenca amazónica
La organización Amazon Watch, en colaboración con otras entidades, presentó este lunes un informe exhaustivo que documenta cómo las economías ilícitas están erosionando los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en la Amazonía. El análisis abarca territorios de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, donde actividades como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilegal están generando una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes.
Presencia criminal en municipios amazónicos
Según los datos recopilados por la ONG, la infiltración criminal en la región es alarmante. Al menos el 67% de los 987 municipios analizados registra presencia de redes criminales o grupos armados, mientras que un 32% de estos territorios se encuentra disputado por múltiples organizaciones delictivas. Esta situación crea un entorno donde las estructuras estatales y locales son sistemáticamente debilitadas o reemplazadas por mecanismos de control criminal.
Sofía Jarrín, asesora de Amazon Watch, enfatizó en un comunicado: "La expansión de economías ilícitas en la Amazonía no puede entenderse únicamente como un problema de criminalidad o seguridad pública, sino como una amenaza existencial a los pueblos indígenas". El informe documenta casos específicos de despojo territorial entre pueblos como los Munduruku en Brasil; Siona, Kichwa, Inga, Murui y Cofán en Colombia; Kichwa del Napo en Ecuador; y Kakataibo y Wampis en Perú.
Impactos en comunidades y medio ambiente
Las redes criminales están implementando estrategias de control que incluyen la restricción del acceso a recursos naturales, la cooptación de liderazgos comunitarios, el sabotaje de procesos de titulación de tierras y la imposición de regímenes basados en el miedo y la vigilancia. Además, se reportan casos graves de reclutamiento forzoso en Putumayo, Colombia, y violencia sexual contra mujeres en Venezuela y Perú.
Los impactos en la salud son igualmente devastadores. La contaminación por mercurio supera los estándares de la Organización Mundial de la Salud, afectando cuerpos de agua, peces y, consecuentemente, a las poblaciones indígenas con daños neurológicos y reproductivos. Ambientalmente, la deforestación ha consumido más de 88 millones de hectáreas de bosque amazónico entre 1985 y 2023, incluyendo más de 2 millones de hectáreas vinculadas directamente a la minería ilegal.
Testimonios desde el terreno y críticas a las respuestas estatales
El informe se nutre de testimonios recogidos durante el Encuentro Internacional de Defensores en Pucallpa, Perú, a inicios de 2026, donde más de 60 líderes indígenas denunciaron cómo las economías ilícitas vulneran sus derechos a un ambiente sano, a la salud y a la autodeterminación. Raphael Hoetmer, director de programas de la Amazonía occidental en Amazon Watch, advirtió: "Es urgente incorporar enfoques interculturales en las políticas de seguridad y avanzar en el control de las cadenas de suministro que conectan estas economías ilícitas con mercados globales".
El reporte critica que las intervenciones estatales continúan privilegiando estrategias reactivas centradas en la militarización, lo que puede agravar los riesgos existentes. Se enfatiza que sin el reconocimiento, financiamiento y fortalecimiento de las autoridades indígenas, cualquier estrategia estará destinada al fracaso. La cuenca amazónica, que abarca aproximadamente 7,8 millones de kilómetros cuadrados y es hogar de más de 2,2 millones de personas indígenas pertenecientes a 511 pueblos, enfrenta así una encrucijada crítica que requiere acciones coordinadas y respetuosas con los derechos ancestrales.
