Condena histórica por crimen de profesor boyacense tras 35 años de impunidad
El sistema judicial colombiano ha emitido una sentencia trascendental después de casi tres décadas y media de impunidad. Dos exagentes del antiguo cuerpo de inteligencia de la Policía Nacional, conocido como F2, han sido condenados por el asesinato del profesor Santos Mendivelso Cuconubo, ocurrido el 5 de abril de 1991 en el municipio de Turmequé, departamento de Boyacá.
Detalles de la sentencia judicial
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja dictaminó el pasado 2 de marzo de 2026 una condena de 19 años y seis meses de prisión contra Gustavo Amaya Ruíz y Eyery Flórez Bautista, quienes en el momento de los hechos estaban adscritos a la Sijín. Los exagentes fueron declarados responsables, en calidad de coautores, del delito de homicidio agravado.
La Procuraduría General de la Nación reconstruyó los hechos ocurridos aquella mañana del 5 de abril de 1991. El profesor Mendivelso Cuconubo se dirigía hacia la escuela donde impartía clases cuando fue interceptado por varios individuos. Uno de ellos, portando un arma de fuego, le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte inmediata.
Contexto del crimen y motivaciones
Los agresores, quienes vestían prendas similares a las de otros habitantes del municipio, huyeron del lugar en un vehículo campero Toyota de color rojo que los esperaba a las afueras de la población. Según las investigaciones, los entonces integrantes del F2 habían señalado al docente de pertenecer al frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (Eln), lo que habría motivado su asesinato.
Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y defensor en el caso, explicó el contexto de la persecución: "La persecución contra el profesor está relacionada con el hecho de que era un líder sindical que defendía la educación pública y exigía el nombramiento de maestros para que los estudiantes de sectores pobres de Boyacá pudieran asistir y recibir clases en la escuela".
Largo camino hacia la justicia
El expediente sobre este crimen llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 13 de abril de 1999 emitió un informe sobre el caso por la violación del derecho a la vida y a la protección judicial. El organismo internacional instó entonces a que la justicia colombiana emprendiera una investigación seria, imparcial y eficaz para juzgar y sancionar a los responsables.
Carreño Wilches destacó la importancia de esta sentencia y pidió que "el Estado ejecute por lo menos las órdenes de captura y que estos criminales paguen sus penas respectivas", después de casi 35 años de espera.
Consecuencias adicionales de la sentencia
Además de la pena de prisión, tanto Amaya Ruíz como Flórez Bautista fueron inhabilitados para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 10 años. En su decisión, el juzgado también resolvió absolver al teniente José Rafael Álvarez Ureta, quien inicialmente había sido señalado por su presunta responsabilidad como coautor del homicidio.
Esta sentencia marca un hito en la lucha contra la impunidad de crímenes cometidos por agentes estatales durante períodos de conflicto en Colombia, y representa un reconocimiento póstumo a la labor del profesor Mendivelso Cuconubo como defensor de la educación pública en Boyacá.
