La lucha judicial por el derecho a informar: 30 años de la FLIP en Colombia
Cuando la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) nació en 1996, ejercer el periodismo en Colombia equivalía a asumir un riesgo extremo. En los 16 años previos habían sido asesinados 102 periodistas, con un 90% de impunidad en esos crímenes. Tres décadas después, la historia de esta organización corre paralela a la construcción de la jurisprudencia colombiana sobre libertad de expresión, un camino marcado por conflictos, avances y nuevas amenazas.
Del papel a la práctica: Los primeros hitos constitucionales
La Constitución de 1991 prometió un aire nuevo para la libertad de expresión con su artículo 20, que consagró el derecho a expresar pensamientos, informar y recibir información veraz. Sin embargo, las viejas mordazas persistían. Normas como la Ley 51 de 1975 exigían tarjeta profesional para ejercer el periodismo, limitando la participación de diversas voces.
En 1998, la Corte Constitucional declaró inconstitucional esta ley mediante la Sentencia C-087, sosteniendo que la libertad de expresión no puede condicionarse a títulos oficiales. Esta decisión democratizó el periodismo colombiano, estableciendo que investigar, opinar e informar es un derecho de todo ciudadano.
Poco antes, en 1994, la periodista María Teresa Herrán -una de las fundadoras de la FLIP- había logrado otro avance crucial. La Sentencia C-425 dejó claro que ninguna autoridad puede vetar de antemano una publicación ni impedir que la prensa divulgue información de interés público, por delicada que sea.
Violencia y jurisprudencia en tiempos de conflicto
El cambio constitucional coincidió con una escalada de la guerra interna. Guerrillas, paramilitares y redes del narcotráfico impusieron su propio régimen de silencio. El caso emblemático de Jineth Bedoya Lima, secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual en mayo de 2000 como represalia por su trabajo periodístico, mostró los riesgos extremos que enfrentaban los comunicadores.
Paralelamente, surgió otra forma de persecución desde el propio Estado. Desde 2002, el extinto DAS ejecutó operaciones de vigilancia y hostigamiento contra periodistas como Claudia Julieta Duque, quien investigaba el asesinato de Jaime Garzón y fue objeto de amenazas, seguimientos y dos exilios forzados.
Frente a estos intentos de silenciamiento, la Corte Constitucional estableció en la Sentencia SU 1723 de 2000 que en asuntos de interés público, la libertad de expresión tiene peso prevalente frente a la honra de funcionarios. Las figuras públicas deben tolerar críticas severas sin acudir a la censura, sometiéndose a un escrutinio más riguroso.
Nuevas violencias en la era digital
Entrado el siglo XXI, la violencia contra la prensa cambió de forma y escenario. La firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016 modificó el mapa del conflicto, pero no eliminó los peligros. En muchos territorios, vacíos dejados por la retirada guerrillera fueron ocupados por nuevas estructuras ilegales.
La expansión de las redes sociales abrió otro frente de hostigamiento. Las amenazas dejaron de llegar solo por llamadas o panfletos para convertirse en campañas coordinadas, insultos masivos, montajes y vigilancia digital. La jurisprudencia constitucional respondió a este escenario híbrido con hitos como la Sentencia T 199 de 2019, que cuestionó cómo el Estado medía el riesgo de periodistas.
Este fallo fijó tres criterios para la protección estatal: el perfil del periodista, el contenido de sus publicaciones y el contexto regional. La ausencia de una amenaza escrita dejó de ser excusa para negar medidas de seguridad.
Violencia de género en entornos digitales
La Corte Constitucional avanzó en otro terreno históricamente invisibilizado mediante la Sentencia T 087 de 2023. Al resolver una tutela promovida por la FLIP en nombre de nueve comunicadoras, el tribunal reconoció que las agresiones en línea reproducen y amplifican desigualdades de género preexistentes.
Las mujeres periodistas enfrentan riesgos específicos: mensajes de violencia sexual, campañas de desprestigio centradas en su vida privada, acoso digital con insultos misóginos y agresiones que mezclan machismo y censura. Las redes sociales no solo replican las violencias existentes, sino que las amplifican.
Estigmatización desde el poder político
La amplificación de la violencia ha sido alimentada principalmente desde el poder político. Cuando una autoridad pública desacredita a periodistas en lugar de responder a sus investigaciones, contribuye a crear un entorno más hostil para informar.
Este patrón alcanzó un punto crítico durante el gobierno actual. A finales de 2023, 16 mujeres periodistas acudieron a la justicia para frenar la retórica estigmatizante del presidente Gustavo Petro, quien se refirió a las periodistas como "muñecas de la mafia" en septiembre de 2024.
En octubre de 2025, la Corte Constitucional dio a conocer la Sentencia SU-432, marcando otro hito: por primera vez, el alto tribunal ordenó a un Presidente de la República abstenerse de emplear expresiones estigmatizantes contra la prensa, particularmente a través de sus canales digitales.
Tres décadas de impacto y cifras reveladoras
Tres décadas después de su fundación, la FLIP ha documentado un panorama preocupante. Durante 2024 y 2025 se registraron 1.009 agresiones contra 497 periodistas, derivando en 1.040 acciones de atención y acompañamiento en 156 municipios de todo el país.
Entre estas acciones destacan:
- 330 remisiones o gestiones ante la Unidad Nacional de Protección
- 230 cartas dirigidas a entidades y funcionarios públicos
- 74 contactos con autoridades
- 43 gestiones para articular apoyos con otras organizaciones
- Acompañamiento psicoemocional a ocho periodistas
- 100 pronunciamientos públicos para visibilizar agresiones
- 16 apoyos económicos desde el fondo de emergencia FLIP
La organización desarrolló además 239 acciones adicionales, incluyendo asesorías jurídicas, respuestas a acciones judiciales, articulación con la Fiscalía y reuniones de incidencia con la Defensoría del Pueblo.
Un legado de resistencia y protección
Tres décadas después de su origen, la FLIP ha contribuido a transformar el panorama de la libertad de expresión en Colombia. La jurisprudencia constitucional, la Corte Suprema y el sistema interamericano han construido un entramado de decisiones que sirve de escudo a periodistas, medios y audiencias.
La prensa colombiana está hoy menos sola, con principios jurídicos claros conquistados caso a caso. La experiencia acumulada en estas tres décadas ha cambiado la manera en que los jueces entienden el derecho a expresarse libremente. Mientras la jurisprudencia ha abierto el camino, la FLIP insiste en que no se vuelva a cerrar, manteniendo viva la lucha por informar, opinar y disentir en libertad.
