Familiares de presos políticos en Venezuela cumplen tercer día de huelga de hambre en Caracas
Una decena de mujeres familiares de presos políticos entraron este lunes en su tercer día consecutivo de huelga de hambre en la capital venezolana, manteniendo una medida de presión extrema para exigir la aceleración de las excarcelaciones de sus seres queridos. La protesta se intensifica en un contexto político complejo, marcado por aplazamientos legislativos y promesas gubernamentales que las manifestantes consideran insuficientes.
Protesta ante aplazamiento de ley de amnistía
La acción de las mujeres surge como respuesta directa al segundo aplazamiento de la discusión de la ley de amnistía en el Parlamento venezolano, cuya votación estaba inicialmente prevista para fechas anteriores y ha sido reprogramada ahora para el 19 de febrero. Esta normativa, que abarcaría los 27 años de gobierno chavista, representa una esperanza para cientos de detenidos, pero su tramitación enfrenta continuas demoras que mantienen en vilo a las familias afectadas.
El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el pasado 8 de enero un proceso de liberaciones bajo presión internacional, particularmente de Washington, luego del derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero en un ataque estadounidense. Sin embargo, las excarcelaciones han ocurrido de manera gradual y fragmentada, manteniendo a numerosos detenidos en condiciones de incertidumbre.
Desgaste físico y condiciones precarias en la protesta
"Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. Siento mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso", relató Evelin Quiaro, de 46 años, madre de un preso político detenido desde noviembre de 2025. Sus palabras reflejan el deterioro físico que experimentan las manifestantes, quienes acampan en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7.
Las condiciones del campamento son extremadamente precarias:
- Refugios bajo toldos improvisados que ofrecen poca protección
- Exposición a las inclemencias del clima capitalino
- Falta de instalaciones sanitarias adecuadas
- Riesgo constante para la salud de las participantes
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron liberados 17 presos políticos, según confirmaron fuentes cercanas a la protesta. No obstante, aproximadamente 60 detenidos permanecen aún en esas celdas, de acuerdo con el testimonio de sus familiares. La situación médica de las huelguistas es preocupante, pues una de las mujeres tuvo que abandonar el ayuno forzoso debido a problemas de tensión arterial, según el informe del médico que las asiste.
Excarcelaciones graduales y expectativas frustradas
Las mujeres denuncian que el proceso de liberaciones avanza a cuentagotas, contrastando con las expectativas generadas por el anuncio gubernamental de enero. Mientras tanto, más de 600 presos políticos siguen encarcelados en distintas instalaciones del país, y 444 han obtenido libertad condicional desde el inicio del proceso, según cifras documentadas por la ONG Foro Penal.
"¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?", se queja Evelin Quiaro, quien asegura que las condiciones de espera son "inhumanas" y que las familias están "al límite" de su resistencia emocional y física. La angustia se mezcla con la frustración ante lo que perciben como promesas incumplidas y dilaciones injustificadas.
Próxima sesión legislativa como punto de inflexión
La próxima sesión del Parlamento venezolano, programada para el 19 de febrero, se presenta como un momento decisivo que podría definir el destino de esta protesta y el futuro de cientos de detenidos. Las huelguistas esperan que la presión ejercida a través de su sacrificio personal obligue a los legisladores a priorizar la discusión y aprobación de la ley de amnistía.
Mientras tanto, la situación en el campamento de la Zona 7 se mantiene tensa, con las mujeres mostrando una determinación inquebrantable pese al deterioro físico evidente. Su protesta silenciosa pero elocuente representa un llamado urgente a la acción humanitaria y al cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades venezolanas en materia de derechos humanos y justicia transicional.
