Organizaciones indígenas rechazan fallo del Consejo de Estado sobre territorio ancestral
Diversas organizaciones indígenas, ambientales y académicas han expresado su profunda preocupación frente a la reciente decisión del Consejo de Estado que declaró nulo el Decreto 1500 de 2018. Esta normativa, expedida durante el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos, redefinió el territorio ancestral de los pueblos indígenas arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, reconociendo 348 espacios sagrados dentro de la denominada Línea Negra.
Un retroceso en décadas de trabajo conjunto
Para las organizaciones indígenas, el fallo del alto tribunal representa un grave retroceso que desconoce décadas de trabajo conjunto entre las autoridades indígenas y el Estado colombiano. Este trabajo ha permitido armonizar el ordenamiento territorial con los sistemas de conocimiento ancestral, garantizando la pervivencia cultural, espiritual y ambiental de los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta.
El pronunciamiento fue emitido por el Consejo Territorial De Cabildos De La Sierra Nevada De Santa Marta, la Organización Gonawindua Tayrona, la Confederación Indígena Tayrona, la Organización Indígena Kankwama y la Organización Wiwa Yugumayun Bunkuanarrua Tayrona. Además, recibió el respaldo de importantes entidades como:
- Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
- Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI)
- Amazon Conservation Team
- Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)
- Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)
La importancia de la Línea Negra
Las organizaciones explicaron que la Línea Negra no se reduce a una simple delimitación geográfica, sino que constituye un principio de orden y equilibrio que define el territorio espiritual y cultural de los pueblos de la Sierra Nevada. Al anular el decreto, el Consejo de Estado elimina un instrumento jurídico crucial para proteger este territorio frente a intervenciones como proyectos mineros, de infraestructura, energéticos y turísticos.
"Al hacerlo, deja a las comunidades indígenas que habitan el territorio sin una herramienta legal efectiva de defensa frente a actividades que puedan afectar gravemente su territorio y su sistema ancestral de conocimiento, así como el equilibrio ambiental y espiritual de uno de los ecosistemas más estratégicos del planeta", subrayaron los firmantes en su comunicado.
Un precedente peligroso
Los representantes indígenas advirtieron que lo ocurrido en la Sierra Nevada de Santa Marta no es un hecho aislado, sino que afecta el reconocimiento y cuidado de otros territorios ancestrales en Colombia, estableciendo un precedente que impactaría a numerosos pueblos indígenas en todo el país.
"Se ha fallado contra el derecho a existir de nuestros pueblos, pero también contra la posibilidad de que todos podamos vivir en armonía con la naturaleza", expresó un representante del pueblo Kogui durante la presentación del comunicado.
Llamado al Gobierno nacional
Las organizaciones concluyeron con una solicitud puntual al Gobierno del presidente Gustavo Petro:
- Cumplir el mandato constitucional e internacional de proteger la Línea Negra
- Escuchar y respetar la palabra de los representantes de este territorio ancestral
- Convocar una reunión de alto nivel entre el presidente y las autoridades tradicionales de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta
El decreto anulado había sido resultado del cumplimiento de una orden judicial de la Corte Constitucional y de un extenso proceso de concertación. Su delimitación territorial contaba con respaldo de estudios técnicos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), además de normas constitucionales sobre diversidad étnica y cultural y compromisos internacionales asumidos por Colombia.
