El País entrega al Vaticano informe con 24 denuncias de abusos en Latinoamérica, Colombia lidera casos
Informe de El País al Vaticano: Colombia lidera denuncias de abusos en Iglesia

El País comparte con el Vaticano sexto informe sobre abusos en la Iglesia católica latinoamericana

El periódico español El País ha puesto a disposición de las autoridades católicas en el Vaticano un informe detallado que especifica aproximadamente 24 denuncias contra sacerdotes de la Iglesia católica en Latinoamérica. La distinción más relevante del documento es que más de la mitad de los casos habrían ocurrido en Colombia, lo que sitúa al país sudamericano como el epicentro de las acusaciones en la región.

Un trabajo periodístico de años que suma cientos de páginas

El dossier presentado consta de más de 100 páginas y constituye el sexto informe que este medio ha compartido con la Santa Sede. Se suma a otros documentos que detallan casos de abuso de laicos y sacerdotes en países como España. En total, la investigación acumula más de 1.800 páginas y documenta casi 900 casos que han sido compartidos con las autoridades eclesiásticas.

Desde 2018, El País se ha dedicado sistemáticamente a recolectar testimonios de este tipo en la Iglesia española y, desde 2022, extendió su investigación con una división específica para América Latina. El dossier ha sido entregado formalmente al Dicasterio de la Fe, órgano del Vaticano encargado de la moral y la fe, pero también responsable del seguimiento de estas denuncias.

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Colombia: el país con mayor número de denuncias

Según la información revelada, Colombia es el país con más denuncias registradas, con un total de 13 casos documentados. El resto de las acusaciones provienen de Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México y Venezuela, completando el panorama regional que presenta el informe.

El documento protege escrupulosamente la identidad de las víctimas, aunque los responsables del medio aclaran que ponen a disposición la información completa si las autoridades eclesiales llegan a solicitarla formalmente. También advierten sobre la falta de identificación precisa de algunos de los presuntos agresores, teniendo en cuenta que muchas víctimas no logran recordar detalles específicos después de tanto tiempo.

Falta de acción y reparación en Latinoamérica

En su publicación sobre la entrega del informe, El País destaca que "en varios casos reunidos en este nuevo informe de América queda demostrado una vez más que muchos casos denunciados no llegan a Roma", pese a que desde 2001 es obligatorio informar de ellos a las autoridades centrales. El medio español señala con preocupación que "en muy pocos casos las víctimas han recibido la atención adecuada o una compensación económica" y que, por el contrario, "se les ha ignorado" sistemáticamente.

El informe advierte específicamente sobre la poca acción en términos de reparación emprendida en la región latinoamericana, especialmente cuando se compara con los avances logrados en Estados Unidos o Europa. Según el análisis presentado, "en casi toda la Iglesia católica de Latinoamérica aún está todo por hacer", en marcado contraste con el camino ya recorrido en otras partes del mundo.

El caso chileno como excepción regional

Las académicas Veronique Lecaros, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Ana Lourdes Suárez, de la Universidad Católica Argentina, señalan en el informe que solo la Iglesia de Chile ha realizado avances significativos comparables a los logrados en Irlanda con el Informe Ryan o en Alemania con el Informe MHG/Dressing.

En 2020 se publicó en Chile un informe elaborado por la Comisión para el Análisis de la Crisis de la Iglesia Católica, que documentó 568 víctimas de abusos sexuales, de las cuales 320 eran menores de edad, e identificó a 225 agresores. Este caso representa una excepción notable en el panorama latinoamericano, donde la mayoría de países aún carecen de mecanismos similares de transparencia y rendición de cuentas.

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La entrega de este sexto informe marca un nuevo capítulo en la presión internacional sobre la Iglesia católica para que aborde de manera más efectiva y transparente las denuncias de abusos sexuales dentro de sus estructuras, especialmente en regiones como Latinoamérica donde el proceso de reparación y justicia avanza a un ritmo considerablemente más lento.