Nuevo revés judicial para política migratoria de Trump
Un juez federal estadounidense ordenó este jueves al gobierno del presidente Donald Trump que autorice el regreso a Estados Unidos a algunos de los más de 130 venezolanos expulsados en marzo de 2025 a El Salvador. La decisión judicial representa un nuevo contratiempo para la campaña contra inmigrantes indocumentados que impulsa el mandatario estadounidense.
Expulsión bajo ley de 1798 declarada ilegal
El caso se remonta al 15 de marzo de 2025, cuando Trump invocó una ley de 1798 sobre "enemigos extranjeros" -utilizada históricamente solo en tiempos de guerra- para ordenar la expulsión de aproximadamente 250 personas, en su gran mayoría venezolanos. De este grupo, 137 estaban acusadas de pertenecer a la banda criminal venezolana Tren de Aragua.
Los expulsados fueron trasladados inicialmente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, una megacárcel salvadoreña, antes de ser liberados en julio de 2025 como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. Muchos de ellos regresaron finalmente a Venezuela.
Orden judicial para facilitar retorno
El 22 de diciembre de 2025, el juez federal James Boasberg de Washington determinó que la expulsión de esas 137 personas era ilegal. El magistrado ordenó entonces a la administración Trump presentar propuestas concretas para "facilitar el regreso" de quienes así lo desearan.
Ante la falta de respuesta satisfactoria del gobierno, el juez Boasberg emitió una nueva orden este jueves exigiendo que las autoridades estadounidenses lleven de vuelta a Estados Unidos a quienes lo soliciten, o que al menos les permitan ejercer a distancia un recurso legal contra su expulsión desde un país que no sea Venezuela.
Protección de derechos fundamentales
En su decisión, el juez Boasberg escribió: "Consciente de las flagrantes violaciones de los derechos de los expulsados que los han conducido a esta situación, el tribunal se niega a dejarlos languidecer más en el atolladero sin solución que propone el gobierno".
La orden judicial establece que quienes elijan regresar a Estados Unidos serán detenidos inmediatamente por los servicios de inmigración mientras se resuelve su situación legal. El documento advierte que podrían "ser expulsados nuevamente" si su recurso es finalmente desestimado por las cortes.
Limitaciones prácticas del fallo
Pese a la contundencia de la decisión judicial, el mismo juez Boasberg reconoció que el número de personas que efectivamente podrían volver a Estados Unidos "probablemente sería muy reducido, si no nulo". Esta apreciación se basa en informaciones proporcionadas por los propios demandantes del caso.
Además, la orden excluye específicamente a quienes se encuentran actualmente en Venezuela, cuyo número exacto se desconoce. El juez justificó esta exclusión citando "la compleja situación" creada tras la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero de 2026.
Antecedentes de desacato judicial
El juez Boasberg, quien lleva el caso desde las expulsiones originales del 15 de marzo de 2025, había determinado en abril de ese año que existía una fuerte presunción de "desacato al tribunal" por parte de la administración Trump. Esta conclusión precedió a la actual orden de facilitar el retorno de los expulsados.
Varios tribunales federales, incluida la Corte Suprema de mayoría conservadora, han bloqueado provisionalmente la aplicación de la ley de 1798 sobre "enemigos extranjeros". Los jueces han argumentado consistentemente que las personas expulsadas deben poder hacer valer sus derechos fundamentales ante la justicia estadounidense.
Contexto de política migratoria
Este caso se enmarca en la amplia campaña contra la inmigración indocumentada que ha caracterizado la presidencia de Donald Trump. La utilización de una ley de 1798, originalmente diseñada para tiempos de guerra, representa un enfoque particularmente agresivo en materia de deportaciones.
La banda Tren de Aragua, mencionada en la orden presidencial de marzo de 2025, es una organización criminal venezolana que ha expandido sus operaciones internacionalmente, generando preocupación en varios países de la región por sus actividades delictivas.
