Iniciativa legislativa busca prohibir la mutilación genital femenina en Colombia
El proyecto de Ley 440 de 2025 del Senado, acumulado con el 239 de 2024 de la Cámara, ha superado exitosamente su tercer debate en el Congreso de la República. Esta iniciativa legislativa, que ahora requiere únicamente un último debate en la plenaria del Senado para convertirse en ley, tiene como objetivo principal erradicar la práctica de la mutilación genital femenina en territorio colombiano.
Autores y alcance de la iniciativa
La propuesta cuenta con la autoría de las representantes a la Cámara Jennifer Pedraza, Alexandra Vásquez y Carolina Giraldo, junto con la senadora Angélica Lozano. Estas congresistas han trabajado de manera conjunta para presentar un proyecto que busca proteger los derechos fundamentales de las niñas y mujeres colombianas frente a una práctica que genera graves consecuencias para su salud física y mental.
La mutilación genital femenina se define como el conjunto de procedimientos que implican la alteración, lesión o extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos por razones no médicas. Se trata de una intervención que carece de beneficios para la salud y que puede ocasionar:
- Dolor crónico persistente
- Infecciones recurrentes
- Complicaciones severas durante el parto
- Afectaciones profundas en la salud mental
Contexto nacional e internacional
Según datos proporcionados por las congresistas promotoras del proyecto, Colombia es el único país de América Latina donde se han registrado casos documentados de mutilación genital femenina. Las estadísticas revelan una preocupante realidad:
- En 2023 se reportaron 91 casos
- Durante 2024 se registraron 54 casos
- En 2025 se han documentado 39 casos hasta el momento
La mayoría de estos casos afectan principalmente a niñas menores de un año y se concentran de manera significativa en el departamento de Risaralda.
A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido enfática al señalar que más de 230 millones de mujeres y niñas vivas actualmente han sufrido mutilación genital femenina en los 30 países de África, Oriente Medio y Asia donde esta práctica persiste. En la mayoría de los casos, la intervención se realiza durante la infancia, entre el período de lactancia y los 15 años de edad.
Reacción de las autoras y fundamentos de la práctica
La representante Jennifer Pedraza celebró el avance del proyecto en sus redes sociales, expresando: "¡Lo logramos! Aprobamos en tercer debate nuestro proyecto para eliminar la mutilación genital femenina en Colombia. Estamos a un solo debate de sacar a nuestro país de la lista de países que aún permiten esta violencia contra la vida y salud de las niñas".
La OMS explica que esta práctica no responde a una única causa, sino a una combinación compleja de factores culturales y sociales profundamente arraigados en las comunidades donde se realiza. Entre los principales motivos identificados se encuentran:
- Normas colectivas transmitidas generacionalmente dentro de familias y entornos comunitarios
- Presión social y temor al rechazo dentro de comunidades donde se ha convertido en convención
- Creencia de que constituye un rito necesario para preparar a las niñas para la vida adulta y el matrimonio
- Asociación con normas sobre sexualidad femenina, particularmente con la preservación de la virginidad
Es importante destacar que, aunque frecuentemente se asocia con motivos religiosos, la OMS ha sido clara en señalar que ningún texto sagrado prescribe esta práctica.
Marco internacional y próximos pasos
En 2008, la Asamblea Mundial de la Salud, máximo órgano de la OMS, aprobó la resolución WHA61.16 sobre la eliminación de la mutilación genital femenina. Este documento subrayó la necesidad de una acción concertada en múltiples sectores, incluyendo educación, finanzas, justicia y asuntos de la mujer.
El proyecto de ley colombiano representa un paso significativo en la implementación de estos lineamientos internacionales a nivel nacional. Una vez superado el último debate pendiente en la plenaria del Senado, Colombia contará con un marco legal específico para combatir esta práctica y proteger los derechos humanos de sus niñas y mujeres.
