ONU documenta alarmante cifra de asesinatos contra defensores de derechos humanos en Colombia
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas reveló este jueves un informe devastador: al menos 410 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el país entre enero de 2022 y diciembre de 2025. Esta violencia se extendió por 28 departamentos y 184 municipios colombianos, con una concentración particularmente preocupante en solo diez territorios que acumularon el 76% de todos los casos registrados.
El Cauca lidera trágica estadística de víctimas
El departamento del Cauca registró el mayor número de víctimas con 84 defensores asesinados, posicionándose como la región más peligrosa para quienes ejercen labores de protección de derechos fundamentales. Le siguen en esta lúgubre lista el Valle del Cauca con 37 casos, Nariño y Arauca con 36 cada uno, Putumayo con 34, Norte de Santander con 21, Antioquia con 19, Bolívar con 15, y finalmente Chocó y Guaviare con 14 homicidios cada uno.
El análisis demográfico de las víctimas muestra que de los 410 defensores asesinados:
- 354 eran hombres
- 49 eran mujeres
- 7 pertenecían a la comunidad LGBTIQ+
Desde la perspectiva étnica, la distribución fue igualmente reveladora:
- 171 campesinos
- 94 indígenas
- 43 afrodescendientes
Grupos armados no estatales: principales responsables
El informe de la ONU señala que los grupos armados no estatales fueron identificados como presuntos responsables del 73% de los asesinatos, estableciendo un patrón claro de violencia sistemática. En 296 casos específicos, la oficina de derechos humanos determinó que un grupo armado pudo haber ordenado y ejecutado el homicidio como parte de estrategias para ejercer control social y territorial sobre economías ilícitas y corredores estratégicos.
Los demás responsables identificados incluyen:
- Organizaciones criminales (8% de los casos)
- Particulares (4% de los casos)
Amplio espectro de violencia más allá de los homicidios
Además de los asesinatos documentados, el organismo internacional registró 2.018 casos de amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos durante el mismo período de cuatro años. Esta cifra se desglosa de la siguiente manera:
El 63% correspondió a amenazas directas, el 5% a intentos de homicidio frustrados y el 4% a secuestros. La ONU advirtió que estas estadísticas representan solo una fracción del fenómeno real, dado el alto subregistro existente por la ausencia de un sistema unificado de información estatal que capture completamente la magnitud del problema.
Respuestas estatales insuficientes frente a la crisis
El informe reconoció que el Gobierno colombiano ha priorizado el problema y promovido acciones de prevención a través de instancias como las mesas nacionales y territoriales de Garantías para la Defensa de los Derechos Humanos, y la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat). Sin embargo, la evaluación es contundente: "el Estado en su conjunto no ha logrado revertir las tendencias y patrones de violencia" que continúan afectando a los defensores.
La oficina de la ONU señaló que las respuestas estatales siguen siendo "fragmentadas y desarticuladas", que las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo no logran traducirse en acciones operativas suficientes y que el nivel municipal continúa siendo "el eslabón más frágil del sistema de garantías".
Según el Ministerio del Interior, desde las diversas instancias creadas para proteger a los defensores "se trabaja en articulación con otras entidades del Gobierno nacional, autoridades locales y organizaciones sociales, para proteger a quienes realizan esta labor en las zonas del país más afectadas por la violencia y garantizar condiciones de seguridad para toda la población civil".
