Colectivo femenino denuncia estrategia de silenciamiento en RTVC
Un grupo conformado por cincuenta mujeres, entre las que se encuentran destacadas periodistas, abogadas y escritoras colombianas, ha presentado una denuncia pública contra Hollman Morris, actual gerente del Sistema de Medios Públicos RTVC. Las firmantes acusan a Morris de implementar una estrategia sistemática y organizada para silenciar a las mujeres que se atreven a denunciarlo por presuntos actos de acoso y violencia de género.
El caso de Lina Castillo como eje central
El núcleo de las acusaciones se centra en el testimonio de Lina Castillo, exmilitante del movimiento político Colombia Humana. El documento revela detalles inéditos y crudos sobre el presunto acoso laboral que habría sufrido Castillo durante el periodo en que Morris se desempeñaba como concejal en Bogotá.
"Además de las típicas frases por ir en falda, soy de rasgos morenos, un día empezó el primer comentario, salió alusivo al tema de que quería estar con una morena y me picaba el ojo", relata Castillo en el manifiesto. "Una vez salimos a almorzar con todo el equipo, me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas. En ese momento empecé a distanciarme del equipo, a distanciarme un poco de toda la parte del trabajo y pues de la parte laboral".
El "escrache" como derecho constitucional bajo amenaza
Entre las firmantes destacan nombres de gran peso en el periodismo nacional como María Jimena Duzán, Jineth Bedoya Lima y Catalina Ruiz Navarro. Las denunciantes advierten que la respuesta de Morris ante estas acusaciones ha sido el contraataque judicial mediante demandas por injuria y calumnia.
El documento califica como "sorprendente e inaceptable" que la Fiscalía General de la Nación haya decidido acusar formalmente a Lina Castillo, ignorando completamente que el "escrache" o denuncia pública es una herramienta protegida y avalada por la Corte Constitucional colombiana en sentencias históricas como la T-241 y C-222 de 2022.
Según el manifiesto, este tipo de denuncia representa un "discurso constitucionalmente protegido" porque: "Los asuntos de género y violencia sexual contra las mujeres son de interés público y, por lo tanto, cuentan con una protección reforzada por su importancia para el ejercicio de los derechos de las víctimas y para el funcionamiento de la democracia".
Presunta utilización de medios públicos para intimidación
Uno de los puntos más graves señalados por las cincuenta mujeres es la supuesta utilización de la infraestructura y los recursos de los medios públicos para fines personales de defensa. La carta asegura que Morris ha asistido a las audiencias judiciales "empleando visiblemente el logo del sistema de medios públicos y en compañía de funcionarios de esa entidad estatal" con el claro objetivo de intimidar psicológicamente a Lina Castillo.
A esta grave acusación se suma una crítica directa al Gobierno Nacional y al presidente Gustavo Petro, pues el texto menciona explícitamente que existe un "apoyo incondicional que desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro ofrece al gerente Morris", lo que, según el criterio de las denunciantes, profundiza y perpetúa la impunidad en casos de violencia de género dentro de las instituciones estatales.
Llamado urgente a la Fiscalía General
El documento cierra con una petición formal y urgente dirigida a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que intervenga de manera inmediata en el proceso judicial que enfrenta Lina Castillo:
"Solicitamos a la justicia colombiana y a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, que se ofrezca un juicio con todas las garantías procesales y con enfoque de género a la ciudadana Lina Castillo. Hacemos un llamado urgente para que se respete el derecho constitucional al escrache como mecanismo legítimo de denuncia pública".
Con la contundente frase de la escritora Gisèle Pelicot, "la vergüenza debe cambiar de bando", las cincuenta firmantes, que incluyen además nombres como Yolanda Ruiz, Ana Cristina Restrepo y Juana Afanador, exigen que cese de inmediato la persecución judicial contra quienes deciden denunciar violencias basadas en género dentro del entorno político y laboral colombiano.
Contexto de crisis en medios de comunicación
Esta denuncia colectiva contra la gerencia de RTVC se produce en un contexto nacional de crisis de seguridad para las mujeres dentro de la industria de la comunicación. Actualmente existe un panorama preocupante que se ha hecho evidente con las recientes denuncias por acoso y abuso de autoridad en medios de gran alcance como Caracol Televisión.
Para las firmantes del manifiesto, el uso estratégico de los tribunales para castigar y desacreditar el testimonio de las víctimas demuestra claramente que las estructuras de poder mediático seguirán siendo el principal obstáculo para alcanzar la justicia de género en Colombia. Esta situación revela la urgencia de implementar mecanismos efectivos de protección para las mujeres que denuncian violencia en espacios laborales, especialmente dentro de instituciones públicas y medios de comunicación.
