La lucha feminista no se detiene: doble exigencia de justicia en Colombia
Las mujeres colombianas han dejado claro que no esperan fechas simbólicas para defender sus derechos. La batalla por la igualdad y la justicia se libra los 365 días del año, con una fuerza colectiva que desafía constantemente al sistema patriarcal. Dos acontecimientos recientes han puesto en evidencia esta resistencia permanente y han generado nuevas demandas de transparencia y protección.
El ataque a la Casa de la Mujer: un mensaje de intimidación
El 16 de febrero, la Casa de la Mujer en Bogotá fue víctima de un saqueo que ha sido interpretado como un acto de intimidación contra el movimiento feminista. Fundada en 1982 durante los años más duros del conflicto armado, esta organización ha dedicado décadas a visibilizar violencias que antes ni siquiera eran reconocidas como violaciones de derechos humanos.
"¿A quién incomoda esta labor?" se preguntan las activistas. La respuesta parece clara: a quienes han cometido actos de violencia y temen enfrentar la justicia, a quienes prefieren ocultar sus delitos bajo el manto del silencio. Los responsables actuaron bajo la oscuridad, llevándose información sensible que podría comprometer a agresores, sin saber siquiera en cuál de los quince computadores robados se encontraban los datos.
La organización, que hoy enfrenta uno de los mayores retos del país -construir una paz con justicia social y participación paritaria de mujeres- exige respuestas inmediatas al gobierno distrital. "Esperamos respuestas, alcalde Carlos Fernando Galán", reclaman las defensoras, señalando que este no es un hecho aislado sino una agresión directa contra los derechos fundamentales de todas las colombianas.
El manifiesto periodístico: #PastranaResponda
Paralelamente, más de 170 mujeres periodistas, columnistas y escritoras han unido sus voces en un manifiesto titulado #NoAlPactoDeSilencio #PastranaResponda. El documento, que constituye un compromiso ético colectivo, dirige veinte preguntas incómodas al expresidente Andrés Pastrana sobre sus vínculos con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.
Los cuestionamientos surgen a raíz de documentos desclasificados en Estados Unidos que revelan conexiones preocupantes. Las periodistas insisten en que no se trata de un juicio anticipado, sino del ejercicio legítimo del derecho a preguntar cuando se trata de violaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Entre las interrogantes más contundentes se encuentran:
- ¿En qué consistía su relación con el pederasta Jeffrey Epstein, con Ghislaine Maxwell y con Jean Luc Brunel?
- ¿Con qué fin invitó a Maxwell a Colombia durante su presidencia?
- ¿Por qué la visitante extranjera aparecía con uniforme de la Fuerza Aeroespacial colombiana?
- ¿Qué recursos del Estado se utilizaron para la visita a la base militar de Tolemaida?
- ¿Por qué ha evitado pronunciarse durante más de cinco años sobre este asunto de interés público?
El silencio prolongado del expresidente, según las firmantes, socava su credibilidad y normaliza comportamientos cuestionables en figuras de poder. "Responder no es un favor: es una obligación ética y política", afirman las profesionales de la comunicación.
Un contexto regional preocupante
Estos eventos ocurren en un momento particularmente delicado para los derechos de las mujeres en América Latina. Las activistas colombianas observan con preocupación lo ocurrido en Argentina, Centroamérica y otras regiones donde el ascenso de fuerzas políticas conservadoras ha puesto en riesgo conquistas históricas.
En tiempos de campañas presidenciales, las organizaciones feministas insisten en la necesidad de preguntar a todos los candidatos y candidatas sobre su compromiso real con el 52% de la población colombiana. Políticas públicas, presupuestos, instituciones, leyes e incluso el lenguaje inclusivo están nuevamente en la mira de quienes buscan retroceder décadas de avances.
La juntanza de mujeres conscientes y consecuentes, como la denominan las activistas, sigue trabajando incansablemente. Persisten en su demanda de respuestas sobre hechos documentados que involucran a un expresidente de la República, al mismo tiempo que exigen protección para las organizaciones que defienden los derechos fundamentales. El mensaje es claro: todo el año es 8 de marzo, y la lucha por la justicia y la igualdad no conoce treguas.
