La voz de quienes no votan: exigencias para el próximo gobierno
En las próximas elecciones presidenciales, millones de colombianos se verán profundamente afectados por el resultado electoral, pero no tendrán la oportunidad de expresar su voluntad en las urnas. Se trata de las niñas, niños y adolescentes del país, cuya vida será marcada de manera más determinante por las decisiones del próximo gobierno que la de quienes participan activamente en la campaña política.
Un compromiso con la infancia y adolescencia
Lo primero que deberían exigir los candidatos presidenciales es un compromiso firme para priorizar a la infancia y adolescencia en todas las decisiones públicas. Esto implica establecer criterios claros para evaluar el impacto de las políticas en personas gestantes, lactantes, primera infancia, población en edad escolar y adolescentes. La pregunta fundamental es: ¿van a escuchar realmente a esta población o continuarán siendo meros observadores ajenos a sus necesidades?
Protección de la salud: un desafío urgente
Colombia enfrenta graves problemas de salud pública que afectan especialmente a los más jóvenes. El país lidera el desarrollo de enfermedades cardiovasculares atribuibles al consumo de bebidas azucaradas y ocupa el segundo lugar en diabetes tipo 2, según estudios recientes publicados en Nature Medicine (2024). Una agenda seria de protección requeriría:
- Fortalecer el etiquetado de alimentos y bebidas
- Implementar impuestos efectivos a bebidas azucaradas y productos ultraprocesados
- Limitar estrictamente la publicidad y presencia de estos productos en entornos escolares
Alcohol, tabaco y nuevas amenazas
El consumo de alcohol representa otro frente crítico. Aunque tradicionalmente se ha minimizado su impacto, la evidencia científica demuestra su relación con siete tipos de cáncer y diversas enfermedades no transmisibles. Por esta razón, la Corte Constitucional exhortó en 2025 al Ministerio de Salud y al Congreso a actualizar la Política Nacional de Alcohol.
Paralelamente, los cigarrillos electrónicos y otros productos de nicotina han avanzado significativamente, captando según datos del Ministerio de Salud para 2022 a uno de cada cinco escolares. Aunque Colombia cuenta con una legislación adecuada, es urgente reforzar su implementación y establecer gravámenes específicos para estos productos.
Salud mental y protección digital
La salud mental de niños y adolescentes requiere atención prioritaria, con medidas específicas para:
- Prevenir la violencia digital y el acoso en línea
- Regular redes sociales, videojuegos y servicios de inteligencia artificial que afecten a menores
- Garantizar el uso seguro de datos personales de la población infantil y adolescente
- Apoyar a cuidadores tanto en el ámbito familiar como en centros educativos
Seguridad vial y educación: pilares fundamentales
La seguridad vial representa un desafío particularmente grave, con víctimas predominantemente masculinas entre los 15 y 28 años. Se requieren sistemas de transporte seguros que protejan especialmente a los usuarios más vulnerables.
En el ámbito educativo, las aulas y espacios de recreación construyen un futuro con oportunidades reales, alejando a los menores de 18 años de la guerra, la delincuencia y diversos tipos de violencia. La pregunta al próximo gobierno es clara: ¿va a apostar decididamente por la educación y el aprendizaje como herramientas de transformación social?
Inversión en primera infancia: la más efectiva
Finalmente, es imprescindible enfocarse en la primera infancia, reconocida como la inversión social más efectiva. La CEPAL y ONU Mujeres recomiendan comprometer al menos el 1,16% del Producto Interno Bruto para este fin. Actualmente, las atenciones integrales -incluyendo el acceso a educación inicial- no alcanzan ni siquiera a la mitad de esta población, a pesar de la disminución en los índices de natalidad.
La conclusión es contundente: debemos votar pensando en los niños, en quienes no votan, porque las decisiones que tomemos en las urnas definirán el país en el que crecerán las próximas generaciones. Las organizaciones sociales y de protección infantil exigen que el próximo gobierno coloque a esta población en el centro de su agenda política, con acciones concretas y recursos adecuados para garantizar su desarrollo integral.
