ONU revela cifra alarmante de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó este jueves un informe devastador que documenta la violencia sistemática contra defensores de derechos humanos en Colombia. Según el organismo internacional, desde el año 2016, cuando se firmó el histórico Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc, hasta el 2025, un total de 972 personas defensoras han sido asesinadas en territorio colombiano.
Una década de violencia implacable
El documento, que analiza la última década, señala que Colombia mantiene un promedio de casi 100 asesinatos anuales contra defensores de derechos humanos. "Es desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos", declaró el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el comunicado oficial.
La violencia no se limita a los homicidios. Durante el mismo período, se registraron 2.018 casos documentados de amenazas y ataques directos contra estas personas. Sin embargo, la ONU advierte que estas cifras oficiales representan "apenas una fracción de la magnitud real del fenómeno", sugiriendo que la situación podría ser considerablemente más grave de lo que muestran las estadísticas.
Responsabilidad de grupos criminales y factores estructurales
El informe identifica claramente a los perpetradores: más del 70% de los casos entre 2016 y 2025 fueron atribuidos a actores armados no estatales. Estos grupos criminales están vinculados principalmente a cuatro actividades ilegales que generan enormes ganancias:
- Narcotráfico y cultivos ilícitos
- Minería ilegal de oro y otros minerales
- Tala indiscriminada de bosques nativos
- Trata de personas y redes de explotación
La Oficina de Derechos Humanos subraya que tras la desmovilización de las Farc se produjo "un aumento progresivo en el número de homicidios de personas defensoras", directamente relacionado con las disputas territoriales entre nuevos grupos armados que buscaron controlar las zonas abandonadas por la antigua guerrilla.
Fallas estatales y contexto de impunidad
El documento critica la respuesta estatal, señalando que el gobierno colombiano no logró establecer una presencia integral en estos territorios en disputa, dejando a las comunidades locales y a sus defensores en una situación de extrema vulnerabilidad. Además, el informe destaca dos factores estructurales que perpetúan la violencia:
- Altos niveles de impunidad que permiten a los perpetradores actuar sin consecuencias
- Corrupción en instituciones locales y regionales que facilita las actividades criminales
La ONU concluye que esta combinación de factores -disputas territoriales, actividades económicas ilegales, impunidad y corrupción- crea un entorno donde la defensa de los derechos humanos se convierte en una actividad de alto riesgo, con consecuencias frecuentemente fatales para quienes la ejercen.
